El exdirector general de Caja Inmaculada (CAI) Tomás García Montes ha sido imputado por un delito de apropiación indebida durante su gestión en la entidad. El exdirectivo tendrá que declarar el próximo día 4 de julio tras el requerimiento realizado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, además de García Montes, ha sido imputado en la causa el abogado y empresario Ramón Marrero, que tendrá que comparecer el día 3 de julio, mientras que Javier Alfaro --ligado a CAI Inmuebles-- prestará declaración un día antes, pero en este caso en calidad de querellado. La jueza, sin embargo, no ha encontrado motivos para llamar a declarar a sus esposas.
La magistrada admitió a trámite la querella de CAI contra varios exdirectivos por un delito de apropiación indebida y administración desleal. En la misma se denunciaba un viaje privado realizado a Egipto por García Montes, cuyas facturas fueron pagadas presuntamente por la entidad. Además, en la querella se apuntaba la compra de dos pisos (para Montes y Alfaro), cuya promotora y administradora era la caja de ahorros y que pudieron adquirir con una rebaja del 50%. Finalmente, se denunciaba un crédito que Marrero habría adquirido con CAI.
LOS IMPUTADOS García Montes firmó con la caja un contrato de alta dirección en noviembre del año 2005 y su abrupta salida de la entidad tuvo lugar en diciembre del 2009, en plena negociación de un proceso de integración con Caja Insular de Canarias y Caja Rioja, y tras un tenso consejo de administración. A García Montes le sustituyó el actual director general de CAI y consejero delegado de Caja3, Luis Miguel Carrasco.
El otro imputado es el abogado, empresario y exconsejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, Ramón Marrero. Además, también fue socio de los negocios inmobiliarios que la caja aragonesa realizó en El Puerto de Santa María (Cádiz). El tercero de los llamados a declarar, en calidad de querellado, es Javier Alfaro, que fue responsable de CAI Inmuebles para la zona centro y sur de España.
La imputación de los exdirectivos se produce poco después de que Caja3 (entidad liderada por CAI) e Ibercaja cerrasen el contrato para la integración de la primera en esta última a cambio del 12,5% del capital en el nuevo banco.
A finales de enero, la jueza abrió diligencias previas y llamó a declarar como testigos a José Bertol, ejecutivo del área de seguros y exconsejeros de CAI Inmuebles (la inmobiliaria de la entidad) y a César Benito. Durante estos seis meses apenas ha habido movimientos desde el punto de vista judicial, pero ahora parece haberse reactivado el caso.
POSIBLES IRREGULARIDADES Por otro lado, la magistrada también ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si está investigando las posibles irregularidades detectadas en Caja Inmaculada por parte del Banco de España, en una inspección realizada el 22 de diciembre del año 2009. El objetivo de la jueza es saber si hay resolución al respecto de este asunto.
Un episodio del que se hizo eco este diario el pasado mes de febrero, tras publicar las advertencias del organismo regulador en las que se apuntaba un deterioro de la caja a raíz de la concentración del riesgo inmobiliario, precisamente en los años en que García Montes tomó el mando de CAI.
En la inspección del Banco de España también se alertaba de la gestión del riesgo crediticio, así como de varias cartas de garantía a Galerías Primero (entonces filial de CAI) que no fueron declaradas a la Central de Información del Riesgos del Banco de España (CIRBE), ni inscritas en el registro de avales, ni aprobadas por el órgano de la caja.
