La jueza que instruye el caso CAI ha rechazado la ampliación de la querella solicitada por la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), personada en la causa de la entidad contra su exdiretor general Tomás García Montes, Javier Alfaro (responsable de CAI Inmuebles para la zona centro y sur de España) y Ramón Marrero (exsocio de la caja). El sindicato pidió la ampliación por las sospechas de presuntas irregularidades detectadas en la concesión de créditos a determinadas empresas, de las que se podrían derivar responsabilidades penales.

En la petición, CIC señaló como "evidencias" el hecho de que una de las casi 70 sociedades inmobiliarias de CAI, Arcai Inmuebles, perdió solo en el 2009 más de 26 millones de euros, aunque en su día únicamente notificó números rojos por 815.132 euros. Solo entre 2009 y el 2011, esta sociedad registró pérdidas por valor de más de 42 millones de euros --26,4 millones en el 2009, 5,1 millones en el 2010 y 10,8 millones en el 2011--, denunció el sindicato, que también precisó que arrojaba un patrimonio negativo y tenía un riesgo concedido de 78 millones de euros. Por todo ello, CIC considera que estas operaciones "tienen que ser investigadas".

Sin embargo, la magistrada, en un auto con fecha 23 de enero, argumenta que los hechos recogidos en el escrito de la querella y que son objeto de la instrucción son los que se refieren a las prácticas de los acusados García Montes, Alfaro y Marrero "y no otros". Así, la jueza añade que las diligencias de instrucción requeridas para la ampliación de la querella "parece que van encaminadas a supervisar o fiscalizar la actuación de la CAI --entidad querellante-- en el desarrollo de su actividad empresarial (...) lo cual no es objeto de este procedimiento".

PRUEBAS Y REQUERIMIENTOS El presidente de CIC, Gonzalo Postigo, manifestó a este periódico que la personación en este proceso es "en defensa de los intereses de los trabajadores de CAI, no la de los directivos, puesto que son los responsables que originaron la situación actual". Y añade que "resulta imprescindible para el derecho de nuestra parte, que se requieran los documentos de prueba que hemos solicitado", entre los que figuran dos requerimientos del Banco de España --uno de principios del 2009 y otro con fecha 22 de diciembre del mismo año--, así como el informe del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) sobre si se ha iniciado expediente a Deloitte por las actuaciones que se están instruyendo.

CIC argumenta que, en el caso Bankia, que se instruye en el Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, en el que también está personado este sindicato, el ministerio fiscal "autorizó esta prueba sin ninguna objeción".

De momento, la pelota está ahora en el tejado de la Audiencia Nacional que debe decidir si da vía libre al recurso presentado por CIC, aunque si finalmente se desestima, el sindicato anuncia que "habrá una nueva querella que recoja todas nuestras pretensiones".

BLOQUEO POLÍTICO El sindicato también critica la actuación de los partidos que sustengan al Gobierno de Aragón (PP y PAR) y su negativa a poner en marcha una comisión de investigación sobre la gestión de CAI entre el 2000 y el 2009. "Observamos con indignación que en Extremadura está la comisión de investigación de Caja Badajoz lista para presentar conclusiones y aquí en Aragón siga bloqueada por el PP-PAR, sin atisbo de que vaya a ponerse en marcha", lamenta el sindicato. Así, recuerda que la DGA mantenía competencias en materia de cajas de ahorro. CIC tilda de "vergüenza" que no quiera saber nada de lo que ocurrió en CAI.