—¿Qué opinión le merece la nueva ley hipotecaria aprobada por el Congreso?

—Va a introducir mayores rigideces. En algunos aspectos hay mejoras, pero en otros nos alejamos de los estándares europeos, como en las ejecuciones hipotecarias. Hay asuntos donde se ha logrado que el sentido común prevalezca, como en las hipotecas a tipo fijo. Si se hubieran prohibido las comisiones de cancelación, estos préstamos habrían dejado de existir.

—¿Qué efectos tendrá el cambio en el impuesto?

—El efecto depende de la elasticidad de las curvas de oferta y demanda o, de manera menos técnica, de la fortaleza de la demanda de vivienda y del grado de competencia del sector, que sigue siendo muy fuerte. Pero la teoría económica también nos dice que un aumento de costes lleva a menores volúmenes y a precios más altos, y de nuevo el impacto será mayor o menor según sean esas curvas de oferta y demanda. España es el país donde los costes no financieros de una hipoteca son más altos, por los tributos básicamente. No tiene sentido que sea así. En cualquier caso, debemos entender que no hay peor atentado a los derechos de un consumidor que no tener acceso a la financiación.

—¿La polémica sobre el impuesto de las hipotecas ha endurecido la norma?

—Quizá ha influido. Pero lo más relevante es que estamos adaptando la norma comunitaria y nos estamos alejando de las mejores prácticas europeas. Ojalá en vez de directivas europeas tuviéramos reglamentos, que son de obligado cumplimiento por parte de los países.

—¿Han podido influir en los grupos parlamentarios?

—Los tiempos son muy complejos y a veces es difícil hacer llegar los mensajes. Algunos han calado y otros no. Pero hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es explicar las cosas.

—¿La ley reducirá la litigiosidad entre bancos y clientes?

—Esperemos. Si no habremos fracasado, no solo como sector sino también como sociedad. El préstamo hipotecario era ya el que daba garantías más altas al consumidor, con la intervención del notario y el registrador. Jamás habría pensado hace dos décadas que la litigiosidad se iba a producir en algo tan garantizado.

—Muchos juzgados están colapsados por litigios hipotecarios.

—La banca se basa en una relación de confianza con los clientes, los procedimientos judiciales no son cómodos ni para ellos ni para los bancos. Los problemas vienen de la crisis y de sus consecuencias, pero también de que se ha importado un modelo de litigiosidad a la americana, con acciones colectivas. Si se adopta este modelo, hay que establecer procedimientos para evitar el colapso de los juzgados, pero no somos responsables de ello ni es nuestra competencia resolverlo.

—¿Por qué no se sienten responsables, teniendo tantas sentencias en su contra?

—Porque se están aplicando nuevos estándares legales a situaciones anteriores. Por eso advertimos de los problemas de seguridad jurídica que origina la retroactividad sobre las carteras hipotecarias. Seguro que se pueden introducir mejoras en el mercado, pero el consumidor español no ha estado peor tratado que el europeo. España es un país con mucha vivienda en propiedad y un saldo hipotecario relativamente moderado en comparación con otros países donde existen hipotecas a perpetuidad. Tenemos que defender la estabilidad del sector y subrayar la necesidad de contar con bancos fuertes que sean capaces de absorber los problemas de la crisis cuando vengan y financiar la recuperación.

—¿Advertir de los efectos macroeconómicos de las sentencias no implica defender que es mejor no tocar ciertas cosas aunque estén mal?

—Hay una filosofía judicial que dice que no tienes que tener en cuenta este tipo de impactos porque eso te haría perder la imparcialidad de la justicia. Yo no soy abogado, soy economista. Me parece que es importante que los jueces consideren estos impactos dentro de los parámetros de sus decisiones y no solo que tengan en cuenta las cuestiones técnicas.

—Negó que la banca influyera en el Supremo a dar marcha atrás en el impuesto de las hipotecas.

—Es que ni hubiera dado tiempo a ello. La sentencia se anuncia un jueves con el mercado abierto. Todo ese día lo dedicamos a entender su alcance. Y el viernes por la mañana ya se anunció la decisión de la sala de abocar a pleno el cambio de criterio.

—¿Pudo haber presiones de sus bancos asociados?

—No me consta. Y no es nuestra forma de actuar.

—¿Entonces a qué achaca la marcha atrás del Supremo?

—Es la reacción de los mercados la que a todos nos llama la atención sobre el impacto de la decisión. Los bancos perdieron en muy poco tiempo unos 6.000 millones de euros de valor bursátil, que suponen un porcentaje muy elevado de su cotización. Los mercados no perdonan. No les puedes llamar ladrones un día y pedirles financiación al siguiente. España, como país que tiene un endeudamiento exterior muy importante, debe estar pendiente de la evolución de los mercados.

—Dan la impresión de sentirse víctimas de aquella polémica.

—Lo paradójico de toda esa situación que ha dañado nuestra reputación es que nosotros fuimos agentes por completo pasivos. No hemos hecho más que cumplir una legislación y una jurisprudencia que tenían varias décadas de vida. Se produjo un cambio en un criterio muy asentado y nos vimos sorprendidos por una avalancha injusta.

—Uno de sus objetivos cuando llegó a la AEB era mejorar la reputación del sector, en horas bajas.

—El problema es más complejo de lo que pensábamos. Se mejora a la velocidad en que crece la palmera y se pierde a la que cae el coco, a veces por factores externos. Tenemos que seguir mejorando nuestra cultura y nuestras prácticas para adaptarnos a un entorno mucho más exigente, sin dejar de defender la seguridad jurídica.

—¿La comisión de investigación del Congreso ha sido útil?

—Ante todo quiero manifestar mi respeto por ella. Pero los análisis sobre qué habría pasado si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos hoy me parecen poco útiles. Se centran mucho en la autopsia de la última crisis y poco en las crisis futuras.

—¿Se está coartando la actuación de los supervisores?

—Es una tendencia global. Los supervisores cada vez actúan con menos libertad. El entorno legal e institucional los coarta. Muchos han estado imputados en los tribunales. Si como regulador ves que siguiendo tus procedimientos nadie te echa nada en cara, te limitas a ello. Pero en situaciones extremas, es necesario que hagan cosas que no harían en circunstancias normales.

—¿La crítica al Banco de España ha sido excesiva?

—He pasado demasiados años en esa casa para tener un juicio objetivo. En cualquier caso, es nuestro supervisor y le tenemos mucha confianza y respeto.

--¿Qué le parece que el Banco de España vaya a poder limitar el crédito para evitar burbujas?

Era necesario tener una autoridad macroprudencial, aunque llegamos tarde respecto a otros países europeos. Eso sí, no hay que olvidar la supervisión microprudencial a cada entidad. Y solo cuando no es suficiente es el momento de acudir a otras medidas.