Rafael Alcázar ha sido una de las figuras más relevantes de la historia reciente de Caja Inmaculada (CAI), de la que fue presidente (entre el 2006 y el 2008) y vocal de su consejo de administración -y después de Caja3- en representación de la entidad fundadora, Acción Social Católica. Su salida forzosa del primer puesto en la caja de ahorros aragonesa se debió precisamente a su enfrentamiento y desacuerdo con la gestión del entonces director general Tomás Garcías Montes, que ha sido ahora condenado por la Audiencia Provincial de Zaragoza a cuatro años de cárcel por apropiación indebida agravada. Alcázar está hoy al frente de la Fundación CAI, dedicada a obra social y cultura y último vestigio de una caja centenaria que desapareció como entidad financiera al segregar su negocio hacia Ibercaja Banco en el proceso de fusión de Caja3 dictado por las autoridades bancarias. Esta fundación, como heredera jurídica de la CAI, será ahora la beneficiaria de las indemnizaciones de unos 7 millones de euros que recoge la condena.

-¿Cómo valora la condena a dos exaltos cargos y un exsocio de la CAI?

-Nos parece una sentencia correcta porque atiende a los temas que en su día planteamos (la dirección de Caja Inmaculada) en la querella. El tribunal se acoge a nuestras tesis tanto en el relato de los hechos como en su calificación jurídica del delito de apropiación indebida. La pena es la misma que pedía la entidad como acusación particular en el caso y las indemnizaciones fijadas también coinciden en general. Es una sentencia dura, como todas las que se van conociendo en el sector bancario, pero razonable y bien fundamentada. Estamos satisfechos.

-Usted fue presidente de Caja Inmaculada cuando García Montes era director general.

-Sí y tuve que cesar porque no coincidía con los criterios y la forma de gestionar la caja del entonces director general. Pero después me mantuve como miembro del consejo de administración de la entidad, que tras destituir a García Montes denunció todos los hechos que ahora se han acabado juzgando.

-CAI desapareció como entidad financiera, ¿a qué lo atribuye?

-La CAI por sí sola no podía subsistir por la excesiva concentración de riesgo en el sector inmobiliario. Después trató de sobrevivir uniéndose a otras dos cajas en el Grupo Caja3, pero tampoco fue capaz de soportar ese deterioro de los activos inmobiliarios. El azar no jugó en nuestro favor: nadie pudo prever una crisis inmobiliaria de tal magnitud. Además, la gestión tampoco fue la adecuada.

-Algún sindicato estudia presentar nuevas querellas, ¿hay fundamento para ello?

-Nosotros hicimos nuestra propia tarea de averiguación interna, que luego articulamos en forma de querella. Si hay alguien que demuestra que hay otros hechos constitutivos de delitos, adelante. Desde luego nosotros no hemos conocido nada más en la investigación interna que se realizó y que fue suficientemente exhaustiva. Una cosa es ser un mal gestor y otra ser un delincuente. La caja no encontró indicios de más delitos.

-García Montes percibe una pensión vitalicia de 180.000 euros al año por el contrato de alta dirección que tenía en CAI.

-Esa pensión vitalicia quedó ratificada por los tribunales de lo social, que eran los competentes para decidir si esa paga era susceptible de anulación, como reclamaba la caja. La condena de ahora es por tres hechos concretos. Son cosas diferentes. No puede deshacerse ese derecho. Ahora bien, con el pago de las indemnizaciones que impone la sentencia (alrededor de 7 millones de euros para los tres condenados) algo se recupera. Y supongo que si no pagan, se podrá embarga la pensión.

-¿Quién abona ahora eso pagos millonarios?

-Como siempre ocurre en estos casos de contratos de alta dirección, la pensión se capitalizó en un seguro. La Fundación CAI no se hace cargo de los pagos.