El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, firmó ayer la orden para disolver el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel. "Creo que hoy se entregará a los interesados esta orden, tienen cinco días para alegar y tan pronto como estén respondidas estas alegaciones se procederá al nombramiento de la junta gestora", aseguró ayer Lobón. Una junta gestora que estará formada, según dijo el propio consejero la pasada semana, por personas representativas del sector ganadero y del sector industrial, "de suficiente solvencia, conocedoras y neutras". El objetivo es que se encargue de gestionar la Denominación de Origen hasta que se convoquen unas nuevas elecciones.

La crisis en el Consejo Regulador se inició el pasado 13 de enero con la dimisión de su vicepresidente, Jerónimo Carceller, y cuatro vocales, representantes de los ganaderos, que criticaban la parálisis en la gestión del actual equipo directivo. Días después, el presidente del Consejo, Eugenio García, afirmó que había "irregularidades" en la gestión anterior, señalando al ex director gerente, Fernando Guillén.

Eugenio García no tardó ayer en reaccionar a las palabras de Lobón y a la disolución del consejo. El presidente de la DO, que calificó de "atropello" la actuación del departamento dirigido por Lobón, volvió a advertir que demandará a la DGA si se paraliza el marcado de jamones, "que traerá la correspondiente pérdida de ganancias y de la Denominación de Origen Jamón de Teruel". "Si no se marcan jamones porque la gestora no tendrá capacidad puede suponer demandas a la DGA como responsable civil subsidiario por la pérdida de beneficios", indicó García.

CRÍTICAS DE CHA Una opinión compartida por el presidente de CHA, José Luis Soro, que ayer visitó Teruel para conocer de primera mano la crisis de la DO. Al igual que García, Soro se mostró partidario de que el Consejo Regulador resuelva su crisis con la convocatoria de un pleno para que tomen posesión los nuevos vocales, que podría celebrarse a finales de la semana que viene, y no a través de una junta gestora como ha anunciado el Gobierno de Aragón.

Para Soro, el consejero de Agricultura "ha hecho lo que no debe hacer, ponerse de lado de una de las partes".