El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, se comprometió ayer a "intentar hacer el esfuerzo de compensar" la reducción de un 20% de las aportaciones del Estado complementarias a las de la Unión Europea, recogidas en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) hasta el 2020 para el Desarrollo Rural (segundo pilar), después de que así se lo pidieran las organizaciones agrarias de la comunidad. Los responsables de UAGA, Asaja, Araga, UPA y Cooperativas Agroalimentarias se reunieron ayer con el consejero para definir los futuros reglamentos que se aplicarán y llevar una postura consensuada a la negociación nacional.

Aragón recibirá de los fondos de Desarrollo Rural (segundo pilar) 466,8 millones de euros para el periodo 2015-2020, un millón más que en la anterior etapa. Estos fondos solo se obtienen si el país aporta la misma cantidad, que se costeaba al 50% entre el Gobierno central y el autonómico. A partir de ahora, Bruselas cofinancia el 65% y el Estado miembro, el 35% restante, pero Madrid dará el 30% y cada comunidad, el 70%, por lo que crece su dependencia de los presupuestos regionales. Según los datos contrastados por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragon (UAGA), la comunidad deberá aportar unos 600 millones de euros hasta el 2020 (en el periodo anterior fueron 300 millones), mientras que el Ejecutivo central contribuirá con 90 millones.

Las organizaciones agrarias dudan de las posibilidades de que esto pueda llevarse a cabo, a tenor de las restricciones presupuestarias. A pesar de ello, Lobón señaló que su prioridad es "no perder fondos europeos" y se mostró convencido de que durante los 7 años que dura la nueva PAC (2014-2020) "va a cambiar la situación económica" e incluso también podría mejorar su aportación, ya que se cuenta con tres años más para utilizar estos fondos, destinados a medidas agroambientales, incorporación de jóvenes al sector, modernización de explotaciones o regadíos.