El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acude hoy ante la comisión que investiga los papeles de Panamá para explicar los acuerdos fiscales que cerró con centenares de multinacionales cuando era primer ministro de Luxemburgo. Y lo hace precedido de una acusación de los Verdes en el Parlamento Europeo que cifran en más de 350 millones de dólares (unos 317 millones) el dinero que una decena de países europeos -entre ellos España-- dejaron de ingresar entre 2005 y 2016 por las prácticas fiscales del Gran Ducado.
Una situación favorecida, sostienen, por el tratamiento especial del que ha disfrutado durante años el Gran Ducado -también Austria y Bélgica-- que ha logrado esquivar el intercambio automático de información fiscal y con ello «ha permitido a los evasores fiscales esconder dinero a las autoridades de su país de residencia», denuncian en el informe que presentaron ayer.
A la cabeza del perjuicio se sitúa Alemania con unas pérdidas cifradas en 197,9 millones de dólares, por delante de Reino Unido con 41,6, Bélgica con 35,95 y Francia con 31,2 millones. La cantidad que habría dejado de ingresar la hacienda española sería la más baja, 1,54 millones.
Luxemburgo, prosigue el estudio, bloqueó durante años de forma sistemática la directiva sobre el intercambio automático de información y toda la legislación destinada a luchar contra el fraude y la evasión fiscal además de permitir a las grandes fortunas y las multinacionales evadir impuestos gracias a la benévola fiscalidad luxemburguesa. Además, gracias al secreto bancario el Gran Ducado -del que el democristiano fue también ministro de economía entre los años 1989 y 2009-- se ha convertido en un centro financiero atractivo, lo que ha aumentado con la entrada en vigor de la normativa sobre intercambio automático.
Por ejemplo, los depósitos de alemanes en Luxemburgo crecieron en más de un 250% entre 2000 y 2007 y la creación de empresas off shore a través del despacho Mossack-Fonseca se disparó hasta las 1.300 en 2005.
