La abogacía del Estado, en defensa de los intereses de la Tesorería de la Seguridad Social, lleva este viernes a la empresa de reparto a domicilio Deliveroo ante los tribunales. A las nueve de la mañana estaba previsto que comenzara un macrojuicio en el que están citados a declarar hasta 529 repartidores o exrepartidores de la plataforma y en el que se someterá a decisión judicial si estos 'riders' son o no falsos autónomos. Con la consecuente -y probablemente millonaria, dados los precedentes- sanción que ello conllevaría de considerarse que el modelo laboral de Deliveroo no se ajusta a la legislación española.
Este juicio deberá determinar si la actuación de Inspección de Trabajo en Madrid, que consideró falsos autónomos a los repartidores y les dió de alta en la Seguridad Social como asalariados, se ajusta a la legalidad. Será por lo tanto el primer gran examen al modelo laboral de la empresa de reparto a domicilio, ya que, si bien la sentencia no generará legalmente jurisprudencia, sí podrá ser un modelo de referencia para futuras actuaciones de la Inspección de Trabajo. Cabe recordar que actualmente Deliveroo tiene causas abiertas en diferentes ciudades de toda España; el más cercano el próximo 5 de junio en Barcelona.
Hasta ahora la Inspección de Trabajo ha levantado acta en Barcelona, Madrid y Valencia, en las que dio de alta a los repartidores en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena y le exigía a Deliveroo las cuentas atrasadas. La empresa recurrió en su día las diferentes actas y ahora en esta cadena de juicios prevista para el 2019 los juzgados deberán posicionarse. En Valencia un juez ya dictaminó el pasado verano que la relación entre un repartidor y la compañía era propia de asalariados, por ende, el rider era un falso autónomo.
La empresa, por su parte, ha declarado en un comunicado que Deliveroo seguirá defendiendo el modelo de colaboración que se ha consensuado con los riders, ya que este es el modelo que les proporciona la libertad y flexibilidad de elegir cuándo y dónde trabajar, que es lo que los propios riders confirman que quieren.
El macrojuicio de este viernes debiera haberse celebrado inicialmente el pasado 17 de diciembre del 2018, aunque debido a la ausencia de material documental aportada a una de las partes denunciantes, fue pospuesto hasta este viernes. A banda de la abogacía del Estado, el sindicato UGT, el bufete de abogados Collectiu Ronda y la asociacion Asoriders son partes personadas en la causa.
