El sindicato UGT denunció ayer el «goteo de despidos» y la política laboral que está aplicando la dirección de Bantierra en los últimos meses, lo que está generando una situación de «miedo y preocupación en la plantilla». Según esta organización, que ayer se movilizó ante la sede central de la entidad en Zaragoza por un reciente despido disciplinario, la cooperativa de crédito aragonesa ha cerrado seis oficinas en el último mes y ha prescindido de 20 de los 60 agentes financieros (autónomos) que tiene en el medio rural.
«Poco a poco están reduciendo la plantilla por procedimientos que no se ajustan a derecho», aseguró ayer a este diario Emilio Romeo, responsable del sector financiero en UGT Aragón. En este contexto, enmarcó el despido disciplinario que motivó la protesta de ayer y que reunió a medio centenar de trabajadores y sindicalistas. Aunque afecta a un solo trabajador, remarcó, supone «la gota que colma el vaso». En este sentido, apuntó que el pasado año se produjeron al menos otros dos despidos de este tipo. Los tres casos, aseguró, han sido recurridos en los tribunales, al igual que los ceses de cuatro directivos en el 2016.
Sobre este último despido por motivos disciplinarios, fuentes de Bantiera precisaron que se produjo tras un informe de la auditoria interna en el que «se detectaron prácticas irregulares en la operativa». Desde UGT, sin embargo, consideraron que la caja rural «se ha sacado de la nada este despido» y defendieron que el trabajador afectado actuó «de forma diligente y conforme a lo que marca la normativa».
En cuanto al cierre de oficinas, UGT informó de que entre febrero y marzo están dejando de funcionar seis oficinas, cuatro de ellas en la ciudad de Zaragoza (paseo de la Constitución, Gran Vía, San Juan de la Peña y Gertrudis Gómez de Avellaneda), una en Cadrete y otra en La Muela (Centrovía). Este ajuste de la red comercial no implica despidos ya que los trabajadores son recolocados en otras sedes.
Bantierra achacó la eliminación de estas oficinas al «cambio de modelo de negocio» que se está produciendo en todo el sector y que persigue incrementar la rentabilidad por oficina. La entidad también reconoció el descenso del número de agentes financieros, aunque subrayó que el objetivo es que el cliente reciba ese servicio en las oficinas comarcales de Bantierra.
Fusiones o alianzas / No obstante, UGT lamentó la progresiva reducción de la plantilla que está sufriendo la caja rural aragonesa. En concreto, estima que en el 2016 se perdieron 38 empleos (de 843 a 805 trabajadores), si bien, la mayoría de ellos (24) fueron de acuerdo al ERE de bajas voluntarias pactado con los sindicatos hace dos años.
Este descenso de la plantilla, según la caja rural aragonesa, responde al acuerdo laboral firmado en el 2013, que se traduce en «jubilaciones parciales» de aquellos trabajadores que están concluyendo sus carreras profesionales.
Pese a estos ajustes, Bantierra recalcó que se ha iniciado un proceso para impulsar el servicio financiero a empresas, algo que puede compensar la pérdida de empleos.
REFORMA A LA VISTA / Entre tanto, el Gobierno ha anunciado que reactivará el plan de reforma de las cajas rurales, requerida por Bruselas aunque lleva tres años aparcado. Este proceso podría desencadenar un baile de fusiones en un colectivo muy atomizado. También se baraja reforzar las grandes alianzas ya existentes en el sector cooperativo, como la del Grupo Caja Rural (al que pertenece Bantierra y la de Teruel) para afrontar de forma conjunta posibles riesgos como la quiebra de una entidad. A este respecto, UGT teme los efectos que esa eventual reestructuración tendrá en el empleo.
