El Gobierno ha puesto en marcha una campaña de concienciación en diversos medios de comunicación y redes sociales para alertar a los consumidores sobre los productos «lícitos e ilícitos» para que los compradores hagan un consumo responsable en sus compras navideñas. Durante su presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró que el objetivo es mostrar que si compras productos originales «generas empleo, innovación, proyectos empresariales y proteges tus derechos como consumidor y contribuyente, además de ayudar contra la explotación laboral».
«Este es un tema que nos preocupa porque detrás de estas falsificaciones hay mafia y explotación laboral por lo que el Gobierno tiene un compromiso con las personas que trabajan en la calle o a través de internet para que se deriven al mercado regulado», explicó Maroto.
Según la ministra, en colaboración con el Ministerio de Trabajo están preparando iniciativas para fomentar la reinserción de las personas que trabajan en el top manta en algunos municipios, como en el caso de Barcelona, donde dijo que la alcaldesa Ada Colau ya estaría trabajando para regular a muchas de estas personas.
«Muchos se ven abocados a la calle porque no tiene otra forma de vida y tenemos que combatir esto, nuestra obligación es protegerles y por lo tanto tenemos que llevarles al mercado regulado», agregó la ministra que señaló que barajan «distintas alternativas» para hacerlo, entre ellas, «la venta ordenada y legal», es decir, trasladar a estos manteros al mercado de venta ambulante.
EL COSTE ECONÓMICO
Desde ropa a productos cosméticos, pasando por componentes de automóviles o smartphones y hasta medicamentos, las falsificaciones son una lacra que restan anualmente alrededor de 15.000 millones de euros a los ingresos fiscales y las contribuciones a la Seguridad Social de la Unión Europea, según las estimaciones del Gobierno recogidas en un informe de medidas para luchar contra la piratería.
«Las falsificaciones son un fenómeno muy preocupante y desde los años 90 han tenido una tendencia creciente que se ha acentuado ante la proliferación de canales alternativos de venta, especialmente a través de internet», explicó la ministra Maroto durante la presentación del citado informe.
El estudio, aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros, además de señalar las pérdidas económicas, hace hincapié también en los posibles riesgos en materia de salud y seguridad para los consumidores.
