El Defensor del Pueblo recibió en el 2017 más de 45.000 peticiones de un referéndum para una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática. Así consta en su informe anual de gestión publicado ayer.

La institución reconoce que la opción legislativa de la revalorización del 0,25% puede «no compartirse», pero también asevera que parecía «oportuno» que los poderes públicos pusieran en marcha mecanismos para contrarrestar el riesgo de pérdida que supone el modelo actual, en tanto que la suficiencia económica de las pensiones públicas es un objetivo constitucional.

Así, el Defensor considera «necesario» garantizar en virtud del artículo 50 de la Constitución española la solvencia del sistema público de pensiones, «que en estos momentos resulta deficitario», así como la suficiencia económica de los actuales y futuros pensionistas, aunque en cualquier caso remite al debate legislativo en el Pacto de Toledo.

Entre otras quejas recibidas por el Defensor están las discrepancias con los informes de la vida laboral, con periodos de cotización no consignados debidamente, o la eliminación de la reducción del 20% de la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes en el Sistema Especial de Empleados de Hogar.

En lo referente a prestaciones asistenciales inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), el Defensor recomendó a la Tesorería General de la Seguridad Social que no procediera al embargo de las ayudas cuando estas se paguen de una sola vez, por lo que supera la cantidad del SMI, ya que «priva al afectado de los recursos mínimos para su subsistencia». Además, insiste en que para el cálculo de la cuantía de las prestaciones no contributivas no puede computarse el valor del patrimonio heredado como renta del beneficiario, sino solo la renta que produce .

POLÍTICA DE REDISTRIBUCIÓN / El Defensor del Pueblo, urgió, además, una política de redistribución de rentas para evitar que el malestar social se acentúe, ya que la recuperación no llega por igual a los bolsillos de los españoles y son muchos los que necesitan apoyo del Estado.

Marugán entregó a las Cortes Generales el Informe Anual 2017, que incluye un análisis de las consecuencias de la crisis económica en la aplicación de los derechos sociales. «Las cuestiones relacionadas con la redistribución deben pasar a primer plano en la agenda de los poderes públicos», insiste el informe, que añade que «el camino del ajuste ya ha llegado a su fin».