España necesita abordar de una vez la creación de un parque de pisos de rentas asequibles homologable al del resto de países europeos multiplicando hasta por seis lo invertido en la actualidad la Administración Central. Una vez han sido eliminados ya los aspectos más lesivos de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) con el decreto ley convalidado el pasado miércoles, esta es la gran tarea pendiente si se quieren resolver los problemas de acceso a la vivienda que crea la burbuja del alquiler, denunciada una vez más este sábado miles de personas en varias ciudades. Eso es al menos lo que opinan los expertos consultados.

¿Qué proponen al respecto los partidos? Saberlo no es tarea fácil. Como si le hubiese pasado por encima la capa de invisibilidad de Harry Potter, la vivienda está siendo uno de los grandes ausentes de la campaña electoral. Con la excepción de Unidas Podemos, ni los partidos ni los medios han puesto el foco ahí.

Los expertos sí se prestan a opinar. Para la mayoría, el decreto ley que alarga a cinco y siete años la duración de los contratos, según los propietarios sean personas físicas o jurídicas, ha sido un «primer paso importante». La reforma también tiene un efecto de freno al incremento de precios. Solo pueden subirse anualmente según el IPC mientras dura el contrato y, al alargarse este, los aumentos importantes se producen de manera mucho más más espaciada.

Contra el decreto votaron PP y Ciudadanos. Ambos auguraron en el debate parlamentario que su efecto será contraproducente al introducir nuevas trabas a los propietarios, que frenarán la oferta cuando para bajar los precios hay que hacer justo lo contrario. No lo dijeron explícitamente pero de su discurso no es difícil deducir que una alianza de las derechas podría comportar la vuelta a los contratos de tres años e incluso de menos tiempo.

Vox, la tercera pata de la hipotética alianza, propone lisa y llanamente en su programa electoral que se permita construir en todas partes salvo «en las zonas protegidas». Sin complejos.

Los tres se apoyan en la máxima liberal de que el aumento de la oferta es la clave para bajar los precios. Para conseguirlo es necesario ponerles la alfombra a los propietarios. Así lo viene defendiendo Daniel Lacalle, el gurú económico fichado por el PP para las generales. «Ocurre que la legislación es extremadamente onerosa para el propietario y con frecuencia este muchas veces prefiere no alquilar ante el riesgo de impago, de no poder echar a las personas si incumplen su contrato, etcétera», dijo, no esta semana, sino en 2016, cuando la reforma del PP aún estaba en vigor.

Desde que se aprobó en 2013 la reforma del PP que ahora se ha revocado, los precios se han disparado en las grandes ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona. En esta última la subida media ha sido del 40%.

El 43% de los arrendatarios españoles destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando la media europea es del 27%. Los desahucios por alquiler crecen un 5% al año y el 53% de los jóvenes de entre 25 y 29 años se ven obligados a convivir con sus padres.

El objetivo debería ser a partir de ahora conseguir no solo que los precios toquen techo, como parece que ya está ocurriendo, sino que bajen. Se han propuesto muchas medidas para lograrlo. Sin descartar ninguna a priori, la más eficaz parece la construcción de un parque de viviendas de alquiler asequible que presione a la baja el resto de precios. Actualmente, solo un 2,5% de las viviendas españolas son de este tipo frente a la media europea del 11%. ¿Se plantean los partidos salvar este abismo? PSOE, Podemos y Ciudadanos sí. PP y Vox no se ha pronunciado.

Propósitos con y sin cifras / El partido con más posibilidades de gobernar, el PSOE, ha incluido entre sus 110 principales medidas «la promoción de vivienda de alquiler social, movilizando suelo público que se encuentre disponible mediante la cesión de derecho de superficie y favoreciendo el uso de mecanismos público-privados». Prevé, además, el restablecimiento de «la renta básica de emancipación para el alquiler de vivienda por parte de jóvenes con ingresos bajos», que había implantado Zapatero.

El partido de Pedro Sánchez no da por el momento ninguna cifra. Quizás porque es muy arriesgado hacerlo. Zapatero prometió 20.000 pisos para jóvenes y la crisis se los llevó por delante.

Podemos propone un camino más rápido alcanzar el objetivo. El parque público se nutriría de los pisos vacios de fondos buitres, grandes tenedores y los procedentes de la reestructuración bancaria, según el programa de la formación morada. Es una manera de que «la ciudadanía recupere los 60.000 millones que le ha costó el rescate de la banca», argumenta y se atreve a dar cifras que resultan mareantes: 50.000 viviendas de este tipo al año durante toda la legislatura.

De las propuestas del otro partido con opciones de gobernar, el PP, apenas se sabe nada. Mañana presenta su programa electoral, aunque el regreso de Aznar no augura nada bueno.