Las medidas promovidas por el Gobierno y adoptadas por 45 entidades financieras para afrontar el problema de los desahucios han beneficiado a 19.500 familias, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Economía. Así, se suspendieronmás de 10.000 desahucios y.la banca acordó 2.124 daciones en pagos, lo que supone que aceptó que ese número de familias en apuros se libraran de su hipoteca con la entrega de las llaves de su vivienda. A su vez, reestructuró la deuda a sus clientes en 6.498 casos, ya que concedió mayores facilidades para el pago del préstamo sin abandonar la vivienda desde la puesta en vigor del código de buenas prácticas en marzo del 2012. Además, las entidades adjudicaron 927 viviendas en alquiler a un precio reducido --entre 150 y 400 euros--, de las 6.000 que forman parte del fondo social de viviendas creado por la banca y destinado a la gente con más dificultades.

Estas medidas forman parte de las 23.983 peticiones que recibió la banca desde marzo del 2012 hasta mayo pasado por parte de las familias que buscaban una salida a la hipoteca. Según el Ministerio de Economía, las solicitudes presentadas reflejaron un progresivo aumento, que hizo, por ejemplo, que solo el pasado mayo se registraran 2.207 frente a las 4.385 de todos el primer año de aplicación del código de buenas prácticas, al que están adheridas todas las entidades financieras de forma volunaria aunque, según el Ministerio, los compromisos para facilitar el problema de los desahucios son obligatorios.

La mayor acogida de estas medidas se debió a que se ampliaron y flexibilizaron los criterios para que una familia pudiera acogerse, ya que antes era condición necesaria que no tuviera ningún ingreso y ahora pueden hasta triplicar el IPREM, lo que equivale a unos 1.597,53 euros mensuales. La condición es que la familia haya sufrido una alteración significativa de las circunstancias económicas durante los últimos cuatro años y su cuota hipotecaria supere la mitad de los ingresos.

Así, la previsión es que estas cifras vayan en aumento porque el pasado mayo, el Gobierno decidió ampliar los supuestos para optar a una vivienda en régimen de alquiler social al permitir que las familias pudieran mantenerse en su domicilio aunque ya no fueran propietarias.