El secretario general de UGT, Cándido Méndez, propondrá al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "abrir el debate" para reducir la semana laboral a 35 horas "en los sectores con alto riesgo laboral, donde se producen más accidentes". El líder sindical recordó que éste era un objetivo de la iniciativa legislativa popular que UGT presentó en el Congreso para atajar el problema de la siniestralidad en España "y que todos los grupos, incluido el PSOE, apoyaron".

Las prioridades que quiere discutir Méndez el próximo 24 de mayo en su reunión con Rodríguez Zapatero, y que llevará a la mesa de diálogo social con el Gobierno y la patronal en la segunda quincena de junio, pasan por buscar soluciones para acabar con la precariedad laboral y por una adecuación de la normativa de prevención de riesgos laborales. Previamente, UGT y CCOO se reunirán el 26 de mayo para consensuar una postura común.

Méndez considera que los agentes sociales no deben acercarse al problema de la temporalidad con recetas parciales sino que deben articular un conjunto de medidas para garantizar que el contrato temporal es usado adecuadamente por los empresarios.

El líder de CCOO, José María Fidalgo, también insistió ayer, en una larga entrevista mantenida con Zapatero, en la necesidad de que se cumpla la ley sobre contratación y que la propia Administración reduzca la temporalidad.

Fidalgo advirtió a Zapatero de que además de las medidas para favorecer la competitividad hay que mejorar la cohesión social con la puesta en marcha de una red para garantizar una red de atención a personas dependientes. El presidente reconoció la dificultad del proyecto al afirmar que necesitará dos legislaturas para desarrollarlo.

COSTE DEL DESPIDO Pero el líder de UGT no está dispuesto a debatir sobre la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones o el coste del despido "porque éste no es elevado en nuestro país y porque no es este el problema del mercado laboral".

A pesar de considerar positiva la subida del salario mínimo interprofesional a 290,3 euros mensuales, Méndez propondrá que se aplique una cláusula de revisión automática, como la que funciona con las pensiones.