La Mesa de la Minería de Aragón aprobó ayer por unanimidad un acuerdo para solicitar al Gobierno central la revisión del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión. El objetivo es reducir los "perjuicios" que puede ocasionar sobre el empleo y la actividad económica, especialmente, en Teruel.

Así lo manifestaron los consejeros de Economía, Eduardo Bandrés; y de Industria, Arturo Aliaga, tras participar en la reunión de la Mesa, integrada por representantes de la DGA, sindicatos y empresarios.

Bandrés reclamó la "modificación" del Plan, con el objetivo de que la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para las centrales térmicas de Aragón sea la misma que se ha planteado para el conjunto del sector eléctrico en España (superior al 6%), en lugar de la reducción propuesta por el Estado en este momento, que es del 30%.

En esta misma línea, Aliaga explicó que el Plan Nacional asigna aproximadamente un 30% menos de derechos de emisión a las centrales térmicas aragonesas, lo que significa que éstas deberán comprar derechos de emisión y eso tendrá un coste para la generación eléctrica, que "puede poner en peligro el funcionamiento de algunas centrales a largo plazo".

CENTRALES TERMICAS Por ello, se solicita al Gobierno los derechos de emisión de 6,74 millones de toneladas de CO2 al año para la central térmica de Teruel con el grupo 1, 2 y 3, así como 1,03 millones de toneladas para la central de Escucha (Teruel) y 0,28 millones de toneladas para la central de Escatrón (Zaragoza) en el periodo 2005-2007, precisó Aliaga.

El consejero de Industria agregó que esto garantizaría entre 6.000 y 7.000 horas al año de funcionamiento de las centrales y el consumo de las toneladas de carbón nacional procedentes de las cuencas mineras.

Bandrés instó al Gobierno central a buscar una distribución distinta de derechos de emisión o las fórmulas alternativas que pueda plantear con el objetivo de "neutralizar el impacto negativo que tendrán estas asignaciones de derechos de emisión sobre el empleo y la actividad económica en Teruel".

El Ejecutivo aragonés, añadió el consejero de Economía, formulará en un Consejo de Gobierno, antes de la finalización del plazo previsto el 22 de diciembre, las alegaciones de la comunidad al Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión.

4.000 TRABAJADORES Aragón tiene más de 4.000 trabajadores relacionados con la generación eléctrica y la minería del carbón y este sector aporta 230 millones de euros al año de Valor Añadido Bruto (VAB). Además, es una de las comunidades que menos ha crecido en la emisión de gases de efecto invernadero y exporta el 45% de la producción eléctrica que genera, según la DGA.