Mildred-Pauni y el Ayuntamiento de Huesca aumentan, cada día, sus discrepancias acerca de la capacidad legal de la empresa para obtener subvenciones o contratar con las administraciones públicas, después de que la fábrica de bollería oscense fuese declarada en suspensión de pagos, hace unos cinco años.
La disputa se centra en si Mildred tiene amparo legal para que el consistorio oscense le ceda una parcela de terreno, próxima a la fábrica, con el fin de poder realizar una ampliación. En este sentido, la empresa argumenta que la aprobación del convenio de suspensión de pagos, alcanzada con sus acreedores (proveedores), "provocó el cese de las funciones de la Comisión Judicial, por auto del 16 de enero de 2001 del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca", por lo que la dirección de la planta afirma que "el ayuntamiento parece desconocer el contenido de la Ley de Suspensión de Pagos, entre otras normas".
Al respecto, manifiestan que Mildred "puede contratar, sin ninguna limitación, al haber mantenido la administración de los bienes y la gerencia de sus negocios". Además, anuncia que se va a presentar un recurso ante el ayuntamiento para que reconsidere su postura. De hecho, recuerdan que el pasado lunes el abogado de Mildred se personó en el Ayuntamiento, "apreciando que desde el consistorio se ignora la situación, en el plano jurídico como en el económico".
Sin embargo, desde el ayuntamiento se insiste en que existen unos requisitos formales y unos plazos que hay que cumplir, según se refleja en la Ley de contratos del Estado. Así, el portavoz del PSOE en el Instituto Municipal de Fomento, Germán Sanromán, señala que la situación requiere una "solución técnica", entre los asesores de la empresa y los del ayuntamiento, por lo que "en tanto no haya un informe favorable por parte de los técnicos del consistorio no se podrá realizar la cesión de suelos".
Por ello, continuó Sanromán, es preciso que se acredite que la empresa, al estar en suspensión de pagos no está inhabilitada para contratar. Una postura que corroboró el alcalde de la capital altoaragonesa, Fernando Elboj, el pasado martes, quien reclamó un certificado de la comisión judicial, con el fin de garantizar la buena marcha de la factoría. Finalmente, criticó la postura adoptada por la empresa, porque "tratan de matar moscas a cañonazos".
