Miles de pymes y autónomos se verán forzados a partir del 1 de julio a pedir a Hacienda un certificado que demuestre que están al corriente de sus impuestos y asegurarse así que cobrarán por los trabajos realizados para otras empresas. El documento librará a la compañía pagadora de la responsabilidad subsidiaria sobre deudas tributarias pendientes de las subcontratas, establecida por la nueva ley general tributaria, que entrará en vigor en un mes.

El proyecto de reglamento general de recaudación preparado por el Gobierno consolida la obligación de las contratas y subcontratas, ya recogida en la ley general tributaria aprobada por el Ejecutivo del PP. La subcontrata deberá dar a cada cliente el certificado, con vigencia de 12 meses.

En caso de no tener el certificado, el pagador --la empresa que contrata-- asumirá la responsabilidad por retenciones no practicadas a los trabajadores y deudas fiscales con el IVA de las compañías y sociedades cuyos servicios contrate. Dictámenes de juristas aconsejan que, a partir de la entrada en vigor de la norma, "no se pague factura alguna al contratista o subcontratista que no haya aportado el certificado".

Hacienda deberá tramitar el certificado de limpieza fiscal solicitado por la subcontratista en tres días, pero podrá denegarlo si mantiene "con el Estado deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo", salvo que éstas estén aplazadas, fraccionadas o su ejecución estuviese suspendida.

"Se generará una complicación administrativa para las pymes, que tendrán que pedir un certificado para cada cliente", destacan desde CCOO. Según los empresarios, la obligación no hará más que "cargar a las pymes con más burocracia que no aporta ningún tipo de valor" y fomentará la deslocalización.