Hoy será un día duro para Ana Pastor. Tras volar ayer a Panamá, la ministra de Fomento afronta una apretada agenda de reuniones para tratar de facilitar un acuerdo que evite la suspensión en unos 20 días de las obras de ampliación del Canal anunciada por el consorcio liderado por Sacyr. Pero además, el día será complicado para la respresentante del Gobierno por lo lejanas que están las posiciones entre las empresas y la gestora de la infraestructura.

Pastor --acompañada por el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia-- tiene previsto reunirse a las 7.30 de la mañana, hora local, con los responsables del consorcio. A las 9.30 se encontrará con el presidente panameño, Ricardo Martinelli, que la semana pasada exigió a los Ejecutivos español e italiano que se implicarán en la resolución del conflicto. Y a las 14.30 le recibirán el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, y el máximo responsable de la gestora de la infraestructura, Jorge Quijano.

Las posiciones entre las dos partes, inmersas en una escalada de declaraciones y acusaciones cruzadas, siguen estando muy alejadas. El consorcio liderado por la constructora española (posee el 48% del mismo) y en el que también participan la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, exige que se le paguen cerca de 1.200 millones de euros adicionales a los casi 2.200 millones pactados en el contrato por "sobrecostes" de los que responsabiliza a la gestora del canal. Esta se niega a reconocerlos y asegura que con su "amenaza" los constructores traten de renegociar el precio fuera de lo firmado en el contrato.

Pese a esta lejanía, las partes implicadas estiman probable que se llegue a algún tipo de compromiso. El diario panameño La prensa aseguraba ayer que de la reunión entre Pastor y Martinelli podrían surgir hoy "dos escenarios", citando fuente conocedoras del proceso: "Uno, que los Gobiernos de España e Italia decidieran inyectarle capital a sus empresas, con el fin de salvarlas del bochorno internacional de abandonar la obra. Y el otro, generar mayor presión para que la ACP (la sociedad gestora del Canal) se salga del contrato y pacte nuevos términos". La situación, según el periódico, es compleja para el presidente panañemo, ya que uno de sus principales asesores, Aníbal Galindo, es socio de la firma de abogados que asesora al consorcio de constructores de Sacyr en Panamá.

Por el momento, los pronunciamientos de las dos partes siguen siendo duros. El máximo responsable de la gestora del Canal aseguró ayer que la firma no va a ser "rehén" de los constructores. En la televisión pública panameña TVN, advirtió al consorcio de que está "arrinconando" a la sociedad, con lo que podría verse obligado a ejecutar las garantías y culminar las obras por sus propios medios.

Quijano desveló que su compañía ha pagado ya un 5% más del precio pactado originalmente debido a las cláusulas del contrato que permiten ajustes y variaciones en los costos del acero, el cemento, el diésel y la mano de obra. "Estamos esperando que ellos justifiquen cada uno de esos cargos para evaluarlos y ver si tienen algún mérito", apuntó en El País.

También prometió ser "agresivo" para asegurarse de que las obras siguen, sea o no con el consorcio de Sacyr, que para hacerse con la obra tuvo que suscribir un seguro con Zurich de 400 millones de euros para garantizar la finalización de los trabajos, además de un aval de 300 millones. El consorcio, por su parte, culpó a la gestora de "estudiar durante 7 años y no detectar" supuestos problemas geológicos en los que basa su reclamación.