La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desveló ayer que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy dejó un agujero de 5.480 millones en las cuentas del 2018. Según detalló la titular de Hacienda en la sesión de control del Congreso de los Diputados, el exministro Cristóbal Montoro no dotó presupuestariamente ni la subida mínima de las pensiones del 1,6% en el 2018 pactada con el PNV, ni las subvenciones al transporte extrapeninsular en Canarias y Baleares, ni el pacto de Estado contra la violencia de género.

«No me habrá escuchado a mí hacer alharacas a propósito de las mentiras que contenía el Presupuesto del 2018, pero ya que me pregunta, hay 5.480 millones que no están contemplados, por la vía de ingresos o gastos», espetó Montero al diputado del PP Miguel Ángel Paniagua que había formulado una pregunta parlamentaria a la ministra sobre el incumplimiento del objetivo inicial de déficit, del 2,2% del PIB, para el 2018.

«Si con estos datos usted cree que aún se podría cumplir el objetivo de déficit del 2018 solo sería a costa de sacrificar estas políticas en perjuicio de los ciudadanos» dijo la ministra al diputado popular. Paniagua acusó al Gobierno de pretender «regar de dinero todo el país con el objetivo de ganar las próximas elecciones». Montero, por su parte, rechazó tachar de «despilfarro» el objetivo del Gobierno de «devolver derechos a los ciudadanos» para compensar «el esfuerzo que han realizado en tiempos de crisis».

Según la ministra, este agujero presupuestario de casi 5.500 millones, explica que el déficit de las administraciones públicas se vaya a situar este año en el entorno del 2,7% del PIB, en lugar de en el 2,2% programado, tal como ya han anticipado la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) y la propia Comisión Europea. De ahí que, según Montero, lo «responsable» es negociar una nueva senda de déficit público para este año y los siguientes, que reconozca el desfase presupuestario del 2018 y que evite el recorte adicional de 11.000 millones al que se vería abocado el Presupuesto del 2019 si el Parlamento no aprueba elevar los nuevos objetivos que plantea el Gobierno.