El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer la decisión de penalizar a través de los impuestos a las empresa que incumplan la ley de morosidad, que impone un plazo máximo de 60 días para el pago de facturas en el sector privado. Montoro criticó el «abuso» de las empresas de mayor tamaño «a la hora de forzar a las más pequeñas» a tener que asumir unos plazos prolongados de pago y anunció «penalizaciones en materia tributaria» contra estas prácticas. En su opinión, la actual facilidad de acceso a los mercados financieros a bajos tipos de interés hace injustificable que las grandes empresa intenten financiarse a costa de alargar los plazos de pago a sus proveedores.

Con su anuncio durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, el ministro avanzó por primera vez el cumplimiento de un antiguo compromiso asumido con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) para articular el régimen sancionador que prevé la ley de morosidad del 2010 y que aún no se ha puesto en marcha. Su aplicación forma parte del acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos.

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, valoró el anuncio del ministro, pero mantiene una actitud de cautela. La PMcM propugna un modelo sancionador como el existente en Francia, con un sistema de multas para las infracciones leves, graves o muy graves. De entrada, Cañete recela de un sistema sancionador basado en impuestos que, probablemente, se podría articular a través de recargos sobre el IVA de las facturas morosas.

Pensando en los autónomos y las pequeñas empresas, el ministro también anunció ayer un plan para que no les afecte la nueva prohibición de aplazar deudas tributarias. Montoro avanzó que la Agencia Tributaria trabaja en un procedimiento para evitar que esta medida perjudique a las empresas «que tienen una facturación muy baja».

Según el ministro, la medida se pondrá en marcha «cuanto antes», con toda seguridad antes del 30 de enero que es cuando finaliza el plazo para liquidar el IVA anual del 2016. También se presentará «pronto» un proyecto de ley para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

PRESUPUESTOS

Durante su comparecencia, el ministro elogió la recuperación de la economía española, compatible --dijo-- con la ganancia de competitividad, la creación de empleo y el aumento del gasto social. Así, apeló a todos los grupos parlamentarios para «negociar y acordar» el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado que el Gobierno quiere remitir al parlamento en las próximas semanas.

El portavoz socialista Pedro Saura insistió en que su grupo presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos, ya que «lo que vamos conociendo de él no nos gusta». No obstante, si el proyecto supera el debate de totalidad, el PSOE presentará enmiendas parciales «y ahí vamos a ver la predisposición del Gobierno a negociar».

El ministro garantizó al portavoz de Ciudadanos, Francisco de la Torre, que el proyecto de ley de presupuestos incluirá los acuerdos negociados entre el PP y la formación naranja para la investidura de Rajoy como presidente. El ministro subrayó que «hay una necesidad objetiva de tener un Presupuesto», por ejemplo para subir el sueldo de los funcionarios, pues es ahí donde hay que dar acomodo a esta medida.

VIDA LABORAL

Montoro admitió que el 2017 será «el ejercicio más difícil» de la legislatura desde el punto de vista presupuestario, pues reducir el déficit público desde el 4,6% del PIB del 2016 al 3,1% significará un ajuste de 16.000 millones en el conjunto de las administraciones. «El 2018 será más fácil», auguró, y a partir de ahí el Gobierno retomará el compromiso del PP de «rebajar el IRPF a lo largo de la legislatura». También se podrán adoptar «otro tipo de medidas tributarias» como «favorecer la prolongación de la vida laboral a través de la modificación del IRPF» para dar cauce a una de las propuestas que serán objeto de estudio en la comisión del Pacto de Toledo.