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Reforma del Gobierno

Multa de hasta 6.125 euros a las empresas que incumplan los límites de jornada laboral

El Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros la obligatoriedad para las compañías de registrar el horario de sus empleados También recupera el subsidio para parados mayores de 52 años y un paquete de medidas de protección social para los trabajadores

 

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - DAVID CASTRO

El Periódico
08/03/2019

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes, día internacional de la mujer, un real decreto que contempla una batería de medidas de protección social para parados mayores, incentivos para la contratación de las empresas y una de las medidas más polémicas de la legislatura: el control obligatorio de las empresas de la jornada laboral de sus trabajadores.

Según recoge el último borrador del decreto ley, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, una vulnerción de dicha obligación se contemplaría como "infracción grave". Y según fuentes de la Inspección de Trabajo consultadas, ello supondría una sanción de entre 626 euros y 6.125 euros. Las penalizaciones de orden laboral, según las mismas fuentes, se han sancionado hasta ahora en el marco empresa, es decir, se impone una única multa, pese a haberse detectado más de una infracción.

Las empresas tendrán la obligación de especificar el horario de jornada laboral de sus trabajadores en su contrato y a conservar los registros de jornada durante cuatro años. Estos deberán permanecer a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dicho registro de jornada debe realizarse "sin perjuicio de la flexibilidad horaria", según recoge el real decreto, y con excepciones en caso de formas de trabajo "que por sus peculiaridades así lo requieran".

Si bien en el seno de la patronal esta medida había despertado hasta ahora rechazo, la introducción de estos dos matices han provocado que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostrara "razonablemente satisfecho", según ha expresado en una entrevista en la Cadena Ser.

Recuperación del subsidio para parados de 52 años

Una de las principales medidas del paquete social de este viernes ha sido la recuperación de la prestación para parados mayores de 52 años, que hasta ahora estaba restringido hasta los 55 años. Según ha detallado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dicha modificación beneficiaría a 114.000 personas, que se sumarán a los 266.000 actuales beneficiarios. Todo ello supondrá un coste anual para las arcas públicas de 348,7 millones de euros, tal como ha detallado Valerio.

Esta medida está concebida para desempleados de larga duración que haya agotado el resto de prestaciones y de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pueda acreditar que se encuentran en un proceso de activa búsqueda de trabajo. También deben haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de su vida laboral y se extenderá hasta que la persona encuentre un empleo o alcance la edad legal de jubilación.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo ha rebajado los requisitos de acceso por la vía de la edad, sino que también lo ha hecho a través de la redefinición del cálculo del concepto de "carestía". El SEPE describe en su página web dicho término como "carecer de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo mensual sean superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraodinarias".

Incentivos para contratar parados mayores

El Gobierno incorpora bonificaciones fiscales para las empresas que contraten de manera indefinida a parados de larga duración, es decir, aquellos desempleados que lleven más de 18 meses sin trabajo. Para dichas compañías, el real decreto contempla ayudas de 1.300 euros anuales en caso de que el desempleado sea un hombre y de 1.500 euros si la desempleada es mujer.

Ayudas para familias en riesgo de exclusión

Otra política pública que recoge el decreto de este viernes es el aumento de la cuantía de las ayudas para familias con hijos en riesgo de exclusión social. Para los infantes en riesgo de pobreza se asignará una prestación mensual que pasa de 291 euros a 341 euros. Y en el caso de riesgo de pobreza extrema, dicha cifra aumenta hasta los 588 euros al mes.