Tata Motors debe devolver al Gobierno central 10,5 millones de euros de los préstamos que en condiciones preferenciales recibió su filial Tata Hispano de los planes de competitividad del sector de la automoción del Ministerio de Industria. El abono de este dinero puede ser un arma de presión política para que la multinacional india sea sensible en sus pretensiones económicas para la venta o cesión de sus instalaciones y patentes a la sociedad laboral creada por un grupo de extrabajadores.
