El comité de la planta de Inasa y los administradores concursales que están actualmente al frente de la compañía no han conseguido alcanzar un acuerdo sobre el ERE de extinción. Los 84 empleados que han creado la sociedad anónima laboral Aludesa para afrontar la compra de la fábrica y evitar así su posible cierre, pretendían destinar la totalidad de sus indemnizaciones por despido (3,8 millones de euros) a este cometido, por lo que la firma de no acuerdo podría demorar aún más este proceso. De hecho, ahora tiene que ser el juzgado de lo Mercantil el que decida si aprueba o no el ERE.
Mientras tanto, la administración concursal sigue sin comunicar a quién adjudica Inasa, si bien no ha recibido otras ofertas más allá de la de Aludesa. El comité reclama que se pronuncie lo antes posible por el bien de la fábrica, que se encuentra en liquidación. "Cuanto más tiempo pase peor, porque la confianza de los clientes podría ir minándose", advierte.
