Lo que se inició como caso Villarejo tiene aspecto de acabar como caso BBVA. El origen es la contratación de la empresa Cenyt, propiedad del excomisario José Manuel Villarejo, que supuestamente realizó escuchas ilegales a políticos, periodistas y empresarios que habrían sido realizadas por encargo presuntamente del BBVA.

Entre los nombres propios está José Villarejo: excomisario, en prisión desde noviembre del 2017 por blanqueo y cohecho e implicado en diversas tramas de corrupción, entre ellas servicios prestados al BBVA a través de Cenyt entre 2012 y 2017.

Francisco González: presidente único de BBVA durante casi 20 años y cuya relación con el excomisario le devuelve a una arena judicial en la que ya tuvo que lidiar por supuestas irregularidades en la venta de su sociedad, FG Inversiones Bursátiles.

Julio Corrochano: excomisario general de la Policía Judicial y antiguo jefe de seguridad del BBVA; Luis del Rivero: presidente de Sacyr entre 2004 y 2011, fue junto con su vicepresidente, Juan Abelló, el objetivo prioritario de los trabajos encargados a Villarejo a fin de conocer sus planes; Miguel Sebastián: exministro socialista, desde finales de 1999 a enero de 2003 ocupó la dirección del Servicio de Estudios del BBVA.

Los hechos que relata Anticorrupción y que el juez ha dado por buenos son los siguientes:

En el 2005, el banco logró zafarse del Asalto al BBVA, una operación liderada por Sacyr para hacerse con el control de la entidad, que presuntamente contaba con el respaldo del Gobierno de Zapatero.

En mayo del 2018 se publicaron las primeras informaciones sobre los cerca de 5 millones de euros que el BBVA habría pagado a Cenyt por la intervención de más de 15.000 llamadas de miembros del Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas, seguimiento que habría comenzado en el 2004. En junio de ese mismo año, el BBVA inició una investigación interna para determinar el cariz de los servicios prestados.

En marzo del 2019, Francisco González renunció temporalmente a la presidencia de honor del banco y de la Fundación BBVA. En julio, García Castellón imputó a Corrochano y al exconsejero delegado del BBVA.

El último capítulo se abrió en la jornada de ayer con la declaración como investigado de Antonio Béjar, exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del banco, que anunció el pasado viernes su intención de colaborar con el juez y que ayer aportó nuevos documentos a la causa.