La reforma fiscal que ultima el Gobierno ha ganado detractores en las últimas horas. El aumento de la carga fiscal sobre las indemnizaciones por despido y el cambio del sistema que se aplicaba desde la reforma laboral del 2012 ha unido en un bloque crítico a abogados laboralistas, bufetes que representan a empresas y sindicatos. Todos coinciden en alertar de los efectos perversos que puede tener el hecho de que Hacienda irrumpa en las mesas de negociación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) al gravar todas las indemnizaciones que superen los 2.000 euros por año trabajado, tal como prevé el Gobierno. Las difíciles negociaciones serán mucho más tensas a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Los principales afectados por el cambio de fiscalidad de las indemnizaciones por extinción de contrato serán los trabajadores situados por encima de una retribución anual de 24.000 euros brutos anuales, que supone cobrar 2.340 euros más que la última media salarial contabilizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 21.660 al año. Pero los empleados que están encuadrados en la parte media y baja de la escala salarial también pueden verse afectados si perciben una indemnización de más de 2.000 euros por año trabajado
ENTRADA EN VIGOR A diferencia de lo que sucede ahora, en que muchos trabajadores no pagan a Hacienda por su despido, todo lo que se cobre de indemnización por encima de los 2.000 euros por año sufrirá una rentención por IRPF. Desde el 2010, las indemnizaciones por despido objetivo están exentas hasta el límite de 45 días de sueldo por año de servicio, y desde la reforma laboral del 2012 se requiere un reconocimiento en una sentencia judicial o en un acta de conciliación para no gravar hasta los 33 días.
Las críticas a la reforma que prevé aprobar mañana el Consejo de Ministros son por la forma y el fondo. Por un lado, existe el riesgo de que si la entrada en vigor se demora se cree un efecto llamada para acelerar reestructutaraciones con el fin de eludir la tributación que recae sobre el trabajador. "Si se tramita como proyecto de ley ordinario puede haber una oleda de despidos. La única solución es que entre en vigor de forma inmediata", afirmó Rafael Ortiz, socio del bufete Garrigues. Pero a cotinuación surge otra duda importante: "¿Qué pasará con los despidos planificados en algunos ERE pactados con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma fiscal?", añadió.
El efecto de fondo de la modificación será, según Ortiz, el aumento de la presión y la tensión en las mesas de negociación de los ajustes de plantilla. La escala de indemnizaciones que en muchos casos partían del hecho de que estaban exentas fiscalmente puede variar con el intento sindical de recuperación de las viejas prácticas de negociar una cuantía neta y que, por tanto, la empresa asuma el coste fiscal del IRPF para el trabajador.
MODELO VASCO "Las negociaciones de despidos serán más difíciles porque la indemnización neta bajará en muchos casos", indicó Ramon Bonastre, socio de Pwc, que consideró que la reforma se hace "en un mal momento" debido a la intensidad del paro y con afán recaudatorio. Tanto Bonastre como Ortiz son más partidarios del modelo vasco y navarro, en el que las indemnizaciones tributan cuando suman más de 180.000 euros.
Otros expertos apuntan que "la medida agravará la pobreza de los parados que pueden perder indemnización con la incertidumbre de entrar en el desempleo de larga duración por las dificultades de encontrar trabajo y la insuficiencia de recursos para vivir con subsidio o sin prestación".
