Desde que en el 2002 el Gobierno abrió el melón de la reforma de las cajas de ahorros, cobró vida el fantasma de la privatización. El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que regula las cuotas participativas de las cajas y el fantasma se volvió a agitar. Las cuotas son como acciones sin derecho de voto que podrán emitir las cajas para captar recursos, y que cotizarán en bolsa "o en cualquier mercado secundario".

CCOO ha anunciado que presentará un recurso contra el real decreto, porque considera que, contra lo que establece la ley, el reglamento sí concede ciertos derechos políticos a los inversores. "Las cuotas participativas se configuran así para la banca en un verdadero caballo de Troya de la privatización de las cajas de ahorros", dice el sindicato.

Desde el punto de vista del Gobierno, cuyo portavoz, Eduardo Zaplana, presentó ayer el decreto, el texto cumple "escrupulosamente" con la disposición de la ley financiera que establece que "las cuotas carecen de todo derecho político". Ni la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), ni el Banco de España recelan del texto.

DERECHOS ECONOMICOS La ley financiera (de noviembre del 2002) regula las cuotas como títulos de rentabilidad variable que confieren a sus dueños algunos "derechos de carácter económico", como el de suscripción preferente en caso de nuevas emisiones. También tienen derecho a rescatar las cuotas (a valor de mercado) si la caja decide su amortización anticipada. Esta regulación fue pactada con el PSOE.

El decreto establece que las cajas que emitan cuotas "podrán" crear un sindicato de cuotapartícipes. En este caso, su presidente podrá vetar la posible decisión de la caja de suprimir la suscripción preferente o una amortización anticipada.

CCOO ve en este doble derecho de veto una clara concesión de derechos políticos, contraria a la ley, que abre la puerta a la privatización.

El Gobierno interpreta que no existen derechos políticos, pues "los cuotapartícipes no podrán influir en la gestión". Subrayan que cada caja podrá decidir crear, o no, el citado sindicato y que, en todo caso, esta capacidad de veto "es un derecho económico" relacionado con las condiciones de compra de los títulos.

A pesar de que la ley establece que "ninguna persona, natural o jurídica, o grupo económico, podrá ostentar, directa o indirectamente, cuotas participativas por importe superior al 5% de las cuotas totales vigentes", CCOO ve en las cuotas la llave que esperaba la banca privada para desembarcar en las cajas.