Existen dos tipos de economía sumergida. Las actividades económicas que se hacen en negro, pero que podrían (y deberían) aflorar a la superficie porque son perfectamente legales, como el caso del lampista que acude a un domicilio particular a arreglar un escape, cobra en efectivo, y no paga impuestos. Y otro tipo de economía sumergida, generada por el comercio de drogas, la prostitución o el contrabando, que no tributa porque es ilegal. Estas actividades generan grandes movimientos de capitales que fluyen por las cloacas de la democracia sin control.

La decisión de la oficina de estadística europea Eurostat de obligar a los Estados a contabilizar e incluir en el PIB la dimensión de sus economías ilícitas de forma obligatoria a partir del próximo septiembre suscita un debate económico y también de dimensión ética y moral.

¿Por qué le presta atención Eurostat a la economía ilegal? ¿Contabilizar este tipo de actividades equivale a legitimar? Para el catedrático de Economía Aplicada de la UAB Josep Oliver, el objetivo de Eurostat podría perseguir "rebajar el impacto de la deuda y del déficit sobre el PIB de las principales economías europeas". Al aumentar el denominador (PIB) sin tocar el numerador (déficit o deuda), el porcentaje se reduce y se aligeran las cargas de los Estados, muchos de ellos ahogados.

La segunda derivada de la decisión de Eurostat podría ser la de abrir la puerta a legalizar estas actividades o a que se tribute por ellas. Si se intenta justificar esa decisión simplemente por la dimensión económica de estas actividades ilícitas, haría falta compararlas con las de la economía sumergida legal.

Por ejemplo, la economía legal en negro en España supone alrededor de un 25% del PIB, un total de 250.000 millones de euros. En caso de que tributara por estas actividades, las arcas del Estado ingresarían 50.000 millones de euros, lo que enjugaría el déficit (70.000 millones de euros aproximadamente) y evitaría recortes sociales.

Por el contrario, la prostitución y la venta de drogas, aunque no se ofreció ayer una estimación exacta, no superaría el 1% del PIB español. En Gran Bretaña se ha calculado que asciende al 0,6% del PIB y en Portugal, al 0,4%. Otro tema es la fórmula que se ha utilizado para cuantificar estas actividades, como visitar burdeles y hacer estimaciones de las tarifas medias, número de servicios y datos a ojo buen de cubero. Habrá que ver como lo hace el INE.

Aunque los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) reclamen legalizar las drogas blandas y la prostitución para ingresar más, no se justifica abrir un debate sobre la legalización de las actividades ilícitas simplemente por una cuestión recaudatoria cuando el Estado se ha mostrado ineficaz a la hora de hacer aflorar todas las actividades legales en negro. "Los 250.000 millones que no tributan frente a los 6.000 millones de la economía ilícita no justifican un debate económico. Se trata de un debate ético o moralO" dice Oliver

En todo caso, a los economistas no les repugna la idea de medir y cuantificar. El catedrático de Economía de la Universitat de Barcelona (UB), Anton Costas considera que "medir no es legitimar o dar carta blanca; el hecho de conocer la intensidad de una conducta inmoral o ilegítima también es útil para combatirla o para tomar decisiones". Sin olvidar que la economía, en algunos casos, no lo es todo.