El consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha asegurado hoy que el Ejecutivo va a tratar de no derivar a los zaragozanos el perjuicio que supone el retraso en el cobro del Impuesto sobre Contaminación de Aguas (ICA) por falta de colaboración del Ayuntamiento.

Un perjuicio que podría suponer que los vecinos de la capital aragonesa asuman tres recibos en poco más de año y medio, los correspondientes a 2016, 2017 y 2018 pero que, según ha declarado a los medios el consejero, es un coste que de momento prefieren asumir en el Gobierno porque "los ciudadanos no son culpables".

Olona se ha referido así al retraso por parte del Ayuntamiento de Zaragoza para remitir a la DGA los ficheros del padrón y que va a suponer que de momento solo se puedan remitir los recibos de 2016, en algunos casos sin incluir la totalidad de los meses, y que empezarán a recibir en primer lugar los vecinos de Las Fuentes, San José, Torrero, Venecia, La Paz y Puerto Venecia.

El ejecutivo calcula que la distribución de los recibos al resto de las zonas culminará en enero de 2018, lo que podría implicar que el próximo año se lleguen a facturar hasta dos recibos.

El consejero ha insistido en que además de ser un impuesto de naturaleza ecológica (quien contamina paga) y finalista, que el resto de municipios de Aragón pagan desde 2002, se rige por el principio de solidaridad por el que la ciudad de Zaragoza "contribuye al mantenimiento del territorio".

Por ello, no ve "razonable la campaña en contra, agresiva y con argumentos confusos, con la intencionalidad de confundir a la opinión pública" puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando, ha recordado, se trata de un impuesto regulado por la Ley de Aguas, que "afecta a todos" y que mientras no se modifique la obligación es aplicarla.

Según Olona, mientras el resto de aragoneses han pagado 365 millones de euros, los zaragozanos "se han ahorrado 444", con lo que "se considera compensado el pago de la depuradora", argumento en el que se ha basado el Ayuntamiento de la capital aragonesa para evitar el pago del ICA hasta el pasado año.

"Sería injusto e insolidario que los zaragozanos no cumplan con el ciclo del agua", ha dicho Olona, quien ha advertido de que no es una tasa ni un impuesto para pagar las depuradoras o el servicio de cada pueblo, algo que "sería disparatado" y "llevaría a la inviabilidad" a los municipios.

El Gobierno de Aragón recaudará este año 63 millones de euros por el impuesto, de los que 10,1 procederán de los vecinos de Zaragoza, quienes además están bonificados con el 70 por ciento y en años sucesivos del 60 y que no pagan los beneficiarios del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).

Así, para un consumo de cero metros cúbicos al año se prevé un pago de 18,34 euros al año; de 27,55 euros para un consumo de 50 metros cúbicos; de 36,76 euros para un consumo de cien metros cúbicos, y de 47,95 euros para un consumo de 150 metros cúbicos.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha insistido en que se trata de un impuesto "injusto" y producto "de una imposición", sin "diálogo ni negociación que obliga a los zaragozanos a pagar dos veces por lo mismo".

Ha recordado que la capital aragonesa ya pagó 330 millones de euros en depuradoras y que la de La Cartuja también presta servicio a pueblos del entorno.

Santisteve ha dicho que "lo que no pueden los zaragozanos es ser solidarios para pagar pufos, de un Instituto del Agua opaco" y sin haberse planteado "nunca" un debate sobre si el modelo del agua había funcionado.

El alcalde ha lamentado que es un dinero que la ciudad podría destinar a reparar la red de abastecimiento o modernizar las depuradoras y ha criticado que mientras se exige a la ciudadanía este pago, el Gobierno de Aragón todavía no ha abonado los 39 millones que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, reconoció que se adeudaba a la capital.

Este impuesto también será objeto de debate en el pleno de las Cortes del próximo viernes en el que la portavoz de IU, Patricia Luquin, pedirá explicaciones al presidente aragonés, Javier Lambán, quien, recuerda la formación, en el reciente Debate sobre el estado de la Comunidad se mostró dispuesto a replantearlo y debatir sobre su mantenimiento o sustitución.