El sector del ovino en la comunidad ha reclamado, de cara a la próxima conferencia sectorial, en la que se fijarán los criterios de aplicación de la reforma de la PAC a nivel nacional, un desacoplamiento --desvinculación de las ayudas a la producción-- del 50%, ya que, en el caso de que fuera del 100%, supondría una "disminución drástica de la cabaña ovina en Aragón y un fuerte impacto social en muchas zonas".

Así lo afirman las organizaciones profesionales agrarias (UAGA, Asaja, ARAGA y UPA), la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias (FACA), el consejo regulador del Ternasco de Aragón y la Federación de Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) de Huesca, a través de un manifiesto, que ha firmado hoy en FIMA Ganadera y que se entregó al consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé.

El sector considera que el desacoplamiento total de las ayudas entraña un "grave riesgo de abandono de la cabaña ovina". En estos momentos existen 7.000 ganaderos en Aragón, aunque cada año se produce un descenso del 6%.

Desde el Gobierno de Aragón consideran esta petición de "asumible" y que refleja las pretensiones del Ejecutivo, que se han transmitido al Gobierno. Por tanto, es algo "lógico y que se puede conseguir", según fuentes del Departamento de Agricultura.

Asimismo, organizaciones y representantes del sector del ovino afirman que el ovino es un "sector estratégico". Por ello abogan por su crecimiento, mediante un mayor apoyo a las políticas de incorporación de jóvenes. El manifiesto, firmado ayer, va dirigido a consensuar una postura común desde la comunidad aragonesa.

FLEXIBILIDAD Por otro lado, apoyaron un control sanitario de los rebaños, aunque consideraron "excesivas" las presiones normativas que llevan a muchos agricultores a plantearse el abandono de la actividad o el adelanto de la jubilación, a lo que se añade el escaso relevo generacional. Respecto a la recogida de cadáveres, consideran que supondrá la ruina en una comunidad con mucho territorio y ganadería extensiva, aunque según recordaron desde el Gobierno de Aragón se trata de una normativa europea de obligado cumplimiento. De momento, ésta sólo se aplica en las comunidades de Murcia, Valencia, Cataluña y Castilla-León.

En este sentido, solicitan una mayor colaboración, tutela y asesoría desde los servicios públicos, frente a la actual sensacion de presión en relación a la sanidad animal y a las medidas medioambientales.