Gente que cobra la PAC por unas ovejas que ya no tiene gracias a mantener sus tierras, mientras pastores profesionales casi no tienen para comer. Agricultores que vendieron su tractor y, sin embargo, siguen acudiendo al banco a presentar su solicitud de ayudas. Familiares con profesiones liberales en la gran ciudad que reciben fondos europeos destinados a la actividad agraria gracias a una herencia. Como estos, existen miles de casos en Aragón, y en España, que, lejos de ser ilegales, plantean cuando menos una reflexión moral. El próximo viernes, los profesionales del campo recibirán el segundo pago de estas subvenciones que nacieron en la posguerra para incentivar la actividad y asegurar la producción de alimentos, pero que, en ocasiones, se han convertido en un negocio. El próximo 1 de enero se abre un nuevo periodo, hasta el 2020, que mantiene muchos de los agravios del pasado y abre otras grietas que separan, aún más, las realidades agronómicas dentro del país y respecto a otros vecinos del viejo continente.

Uno de los aspectos en los que las organizaciones agrarias más han insistido para esta nueva PAC ha sido el endurecimiento de la definición de agricultor activo: profesional que cultiva la tierra o cría animales para producir alimentos y cuyos ingresos procedentes de esta actividad suponen al menos el 20% de su renta. "No solo hay 'agricultores de sofá'; ahora hasta les ponen el mando de la tele en la mano", apuntan desde un sindicato del sector en referencia a la última recomendación de la Comisión Europea, que plantea ahora, a menos de un mes para que entre en vigor, incluir en ese concepto el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones para producir. "Sufrimos inseguridad jurídica, estamos sembrando a ciegas", añaden desde Araga.

Las organizaciones agrarias reconocen que abundan los "agricultores de fin de semana" y que son comunes acuerdos en los que el propietario de la tierra cobra la PAC y el que la trabaja realmente se queda con los beneficios de la cosecha. Pero estos casos --que UAGA estima entre un 8% y un 10%, en su mayoría agricultores jubilados mayores-- no cumplen el principio de asumir un riesgo empresarial. Incluso se mantiene un sistema tradicional, la aparcería, en el que el dueño pone la tierra y otra persona la trabaja, pero se reparten tanto los gastos como los ingresos.

Por eso, los sindicatos del campo abogan por fomentar el arrendamiento para normalizar esta situación. "No proponemos quitarle a nadie su patrimonio ni sus derechos, sino llegar a acuerdos de alquiler para que el agricultor activo mantenga el negocio y el priopietario tenga un complemento a su pensión. Queremos que no haya ni vencedores ni vencidos, que todos se beneficien", plantean desde UAGA.

DIFERENCIAS España recibirá unos 5.000 millones de euros al año, y Aragón, en torno a 432 millones anuales (venía percibiendo 437 millones de media). Más de 900.000 agricultores se benefician de la PAC en todo el país (unos 52.000 en la comunidad), cifra que triplica los de Francia o Alemania y, en consecuencia, se refleja en la cuantía que recibe cada solicitante. "Sobran por lo menos la mitad. Pagamos justos por pecadores. Pero en todas partes hay gente que hace las cosas bien y gente que las hace mal", apunta Joaquín Morella, olivarero de Belchite de 37 años. Como él, muchos profesionales del campo lamentan que fondos destinados a la actividad agraria no cumplen con su objetivo original de mantener población en el medio rural, y se pregunta cuántos apartamentos en la playa no se habrán comprado con dinero de la PAC. Nunca tendrá la respuesta.