A partir de noviembre, los parados inscritos en una oficina pública de empleo podrán acceder a las ofertas de empleo que haya en cualquier comunidad autónoma. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció ayer la puesta en marcha del proyecto SISPE para el seguimiento estadístico de ofertas y demandas de empleo en todo el país.

El anuncio forma parte del paquete de objetivos y medidas del Plan Nacional de Acción para el Empleo (PNAE) del Reino de España, aprobado ayer por el Consejo de Ministros para su remisión a la Comisión Europea. Este documento se encuadra en la estrategia de la Cumbre de Lisboa para lograr en la Unión Europea (UE) unos niveles elevados de empleo y productividad en el 2010.

OBJETIVOS Caldera aseguró que "España está creando más empleo que el año pasado en tasas interanuales" y añadió que esta tendencia "se va a acentuar en el 2005". El objetivo es que en el 2005 la tasa de empleo alcance el 61,1% de la población activa (frente al 64,4% actual) y el 48,5% para la población activa femenina (frente al 47,4%). Se prevé crear entre 320.000 y 340.000 empleos.

El plan integra en un documento las actuaciones de empleo de todas las administraciones (estatal, autonómicas y locales) en el 2004. El plan 2004 moviliza 31.626,2 millones de euros (5,26 billones de pesetas), el 9,6% más que en el 2003. De ellos, 6.443 millones se dedicarán a políticas activas (el 6,6% más). Se prevé que el número de parados que participarán de estas acciones de inserción será de 1.460.000.

Las prioridades del plan son fomentar el empleo femenino, impulsar la estabilidad en el empleo, lograr una mayor eficacia en los servicios públicos de empleo, simplificar la creación de empresas e incrementar el gasto en educación e I+D+i.

Para UGT y CCOO, el plan "tiene lagunas", sobre todo, "porque todavía están pendientes de incorporar los frutos del diálogo social en distintas materias". El propio plan señala el exceso de temporalidad, la bonificación de contratos, la reforma de la negociación colectiva, las prejubilaciones, la siniestralidad y el empleo de inmigrantes como temas pendientes del diálogo.