El pleno del Parlamento Europeo ha pedido a la troika que cuando en el futuro deba gestionar los programas a países rescatados incluya "un plan B" para aliviar los efectos secundarios de sus reformas y políticas.
Los eurodiputados, en un informe aprobado en la Eurocámara, subrayaron que aunque la troika consiguió evitar la bancarrota en los cuatro países rescatados (Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre) ha hecho pagar un alto precio social en esas economías, que acusan altos niveles de pobreza y desempleo.
La troika está integrada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Asimismo, los eurodiputados denunciaron la falta de transparencia en la gestión y negociación de los programas de rescate de la troika así como cierta falta de legitimidad democrática e inclusión en la toma de decisiones de los propios países rescatados.
"Ha habido un reparto desigual de la responsabilidad entre las tres instituciones", destaca el texto, y lamenta que los parlamentos nacionales hayan sido excluidos a menudo de la toma de decisiones.
Destacaron asimismo que dada la cambiante naturaleza de la respuesta de la UE a la crisis y el papel poco claro del BCE en la troika, el mandato de la tríada se ha percibido como "oscuro y falto de transparencia y control democrático".
También criticaron la situación de "falta de preparación" de la UE y las instituciones internacionales para hacer frente a una crisis de la deuda de tal magnitud dentro de la eurozona y lamentaron que la troika actuara "ante la ausencia de una vía legal viable y prevista para hacer frente a la crisis".
Aunque los eurodiputados reconocieron que la asistencia "evitó una bancarrota que habría traído severas consecuencias económicas y sociales (...) incluso quizá la salida de la eurozona", reprocharon que los gobiernos rechacen desarrollar un mecanismo "a largo plazo" para evitar futuras crisis.
En el apartado de los efectos sociales, lamentaron que en los cuatro países intervenidos por la troika los niveles de desempleo hayan aumentado y que se hayan recortado los beneficios sociales.
Asimismo, denunciaron que las medidas han derivado en "un aumento de las desigualdades" en salarios y capacidad adquisitiva.
