"Los logros y aciertos conseguidos a lo largo de 109 años de historia de CAI son incomparables con los errores de gestión cometidos por ciertas personas en determinados periodos". Con estas palabras se refirió ayer el presidente de la Fundación Caja Inmaculada, Juan María Pemán, a los capítulos polémicos que rodean a la entidad, que rompió así un año de silencios. "No queremos mirar al pasado de forma obsesiva, pero en ocasiones hay que hacer balance para ir cerrando etapas y concentrar las energías en la nueva etapa ilusionante que se abre", se justificó.

"Nos sentimos como unos supervivientes tras un terremoto", apuntó. En su opinión, las debilidades de la caja se deben al "excesivo riesgo inmobiliario" adquirido entre los años 2000 y 2007. Pese a ello, ensalzó el buen trabajo realizado en banca minorista. De igual manera, defendió el trabajo realizado por el consejo de administración de la CAI desde el "acertado" cese de Tomás García Montes como director general (2005-2009). La caja se querelló contra el exdirectivo por delitos de apropiación indebida y administración desleal.

Para Pemán, la llegada de Luis Miguel Carrasco supuso "un gran revulsivo", con cambios importantes en el proceso de fusión con otras entidades (Caja3) y en el reforzamiento de los sistemas de control internos. Aunque reconoció que la entidad no ha podido seguir en solitario como deseaba, se felicitó por formar parte de Ibercaja, "un proyecto sólido y prometedor".

Tras los cambios de todo tipo sufridos por CAI, como los ajustes laborales aplicados en condiciones "razonables", "los resultados no son todo lo buenos que nos gustaría, pero sí son decorosos", opinó, porque se ha conservado el patrimonio, que garantiza un mínimo para seguir adelante con la obra social.

Por ello, Pemán dijo que no eran partidarios de una comisión en las Cortes de Aragón para investigar la gestión de la caja pero, una vez constituida, van a "colaborar al máximo". "Aunque no tenemos nada que ocultar, nos parece que hay unos riesgos reputacionales difíciles de controlar", argumentó. "Ya hemos depurado lo que había que depurar", dijo, con cambios de gestión y exigiendo "alguna responsabilidad" en los tribunales.