El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el plan de 11.000 millones de euros en apoyos a empresas anunciado por Pedro Sánchez hace dos semanas, pero algunos de sus aspectos más relevantes han estado aún en debate durante el fin de semana entre los distintos ministerios y deben cerrarse en las próximas horas. Podemos está defendiendo que considera prioritario concentrar la mayor parte de los fondos, al menos 8.000 millones, en ayudas directas en forma de transferencias corrientes a las empresas, una propuesta que ya hizo pública a mediados de febrero.

El plan del Gobierno va a tener tres componentes: ayudas directas para cubrir parte de los costes fijos de empresas viables en problemas por la pandemia; fondos para convertir parte de los créditos bancarios con aval público del ICO en instrumentos de capital; y otros apoyos de capital a empresas medianas no vinculados a los préstamos ICO a través de un fondo gestionado por la empresa pública Cofides.

En el proyecto de decreto ley analizado la semana pasada por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano que prepara los asuntos que se debatirán y aprobarán en las reuniones del Consejo de Ministros, no aparecía una cantidad concreta asignada a las ayudas directas. Podemos trasladó el viernes al Ministerio de Economía de Nadia Calviño su propuesta. Ministerios bajo la órbita del PSOE también apuestan por priorizar las ayudas directas.

Podemos también está en contra de la idea de Calviño de que dichas ayudas directas que concedan a través de las comunidades autónomas. La formación dirigida por Pablo Iglesias está defendiendo en el Gobierno que es más ejecutivo y eficaz que las dé el propio Ministerio de Economía o la Agencia Tributaria (ya que esta cuenta con la información sobre las liquidaciones trimestrales del IVA).

Para evitar abusos y casos de mala utilización por parte de las compañías beneficiarias, el partido ha propuesto que los fondos estén vinculados a ciertas condiciones, como el mantenimiento de un 70%-80% del empleo en 2021 y 2022 y el compromiso de las empresa de abandonar en tres años el régimen de tributación por módulos. Las ayudas, sostiene, deberán ser devueltas si no se cumplen estas dos cláusulas, si la firma es sancionada por Inspección de Trabajo o la Agencia Tributaria, o si ella o sus responsables son condenados por delito económico o societario por hechos sucedidos después del 28 de febrero de 2020.