El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar la ley del sector eléctrico con el fin de evitar cierres unilaterales de centrales térmicas, como tiene previsto hacer Endesa en la planta de carbón de Andorra en el año 2020. El objetivo es dar rango de ley al decreto ya esbozado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para regular la clausura de estas instalaciones, una medida que corría el riesgo de ser bloqueadas por las eléctricas en los tribunales.
La iniciativa parlamentaria fija una serie de garantías para que el sistema eléctrico nacional no pueda ser puesto ni en riesgo, ni en peligro por cierres unilaterales de empresas que tengan titularidad en el ámbito eléctrico y fija una serie de «pasos y cautelas» para garantizar el sistema eléctrico en el país. La medida busca «establecer de forma clara y contundente que no caben cierres desde actos libérrimos», afirmó la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández.
La propuesta establece la realización de «estudios vinculantes y preceptivos para que los cierres tengan que ser autorizados o tengan que tener el visto bueno técnico», según fuentes populares. Así, el texto expone que el cierre definitivo o temporal de las instalaciones de producción de energía eléctrica peninsulares de potencia eléctrica instalada superior a 50 megavatios requerirá dictámenes de carácter preceptivo que habrán de ser emitidos en tres meses.
EFECTO EN LOS PRECIOS
En concreto, uno corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que determinará si el cierre proyectado puede tener efectos significativamente desfavorables sobre los precios o la competencia en el mercado eléctrico. El segundo deberá hacerlo la Oficina de Cambio Climático sobre el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero y el último correrá a cargo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía para establecer el impacto en los objetivos de renovables.
El resto de partidos no tienen una posición clara sobre la medida, que genera controversia en casi todos los grupos por la contaminación asociada al carbón.
La propuesta de la proposición de ley fue anunciada el pasado 12 de marzo por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, durante una visita a Zaragoza. La actividad minero-eléctrica sigue siendo la columna vertebral de buena parte de la economía de la provincia de Teruel. De hecho, de ella dependen de manera directa en torno a 600 empleos.
