La preocupación en el sector financiero por la evolución que lleva la tramitación de la nueva ley hipotecaria española, que está en fase de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados, es notable. Varios representantes de la industria han expresado públicamente esa incertidumbre. Para el presidente de la AEB, José María Roldán, la ley hipotecaria, «paradójicamente», puede ser un ejemplo de especificidad nacional, al alejarse de las prácticas europeas en cuanto a las ejecuciones hipotecarias, algo que puede llegar a «lesionar» un sistema «ágil y eficaz». Asimismo, José María Méndez, director general de la CECA, destaca que «existe un objetivo común de política económica para entidades y reguladores que es garantizar el acceso a la vivienda a capas cada vez más amplias de población, pero para el que necesitamos una estructura legal pegada a la directiva y que nos permita competir con el resto de entidades retail».

En ambos casos, se pone de manifiesto que la evolución que apunta la tramitación de la ley no señala en la dirección que le gustaría al sector financiero. «Se ha abierto la caja de Pandora. Hay más de 200 enmiendas presentadas y el resultado puede ser perjudicial para un producto que tiene un saldo de 500.000 millones de euros», subraya Juan Fernández Aceituno, director general de Sociedad de Tasación.

CONTRATAR_SEGUROS / El proyecto de ley establece que el banco no podrá obligar al cliente a contratar ningún producto adicional, salvo que este suponga un beneficio para el propio cliente, como la reducción del interés del préstamo. Por ejemplo, seguros de vida. Una enmienda del PNV plantea que el único seguro obligatorio que se incluirá en el préstamo es el de incendio, cualquier otro se podrá contratar con un tercero, sin que eso modifique las condiciones de la hipoteca. Los tipos de interés que aplican los bancos responden a los productos vinculados al crédito. «Si se liberaliza mucho este aspecto, tendrá efecto sobre el margen. La venta cruzada es la base de los productos bancarios relacionados con la hipotecas», apuntan fuentes financieras. Además, el PNV propone que desaparezcan los seguros de prima única, un seguro de vida que se paga de forma anticipada. Tiene ventajas para las entidades porque se cobra por avanzado y así tienen claras las expectativas de negocio de la hipoteca.

VENCIMIENTO / La nueva ley modifica la cláusula de vencimiento anticipado, que permite a los bancos ejecutar el préstamo e iniciar el proceso de desahucio. Hasta ahora, se necesitaban tres impagos, pero la norma establece el requisito de que el importe del impago supere el 2% del capital en la primer parte del crédito y el 4% en la segunda parte o bien que se acumulen nueve impagos. La ejecución de la garantía es más corta en otros países europeos. Pero una enmienda presentada por Ciudadanos propone elevar los porcentajes al 5% y al 10%, respectivamente, con lo que se alargaría el proceso de ejecución hipotecaria.

La norma reduce además la penalización que debe pagar el hipotecado si amortiza el préstamo anticipadamente. En el caso de la hipoteca variable, la comisión será del 0,5% si se realiza la amortización en los tres primeros años, porcentaje que se reduce a la mitad entre tres y cinco años y que desaparece a partir del quinto. Para hipotecas fijas, el coste de la cancelación será del 4% en los 10 primeros años. A partir de entonces, el hipotecado pagará el 3%.

Los bancos contraen un riesgo de balance durante el periodo que dura la hipoteca, por lo que cubren ese riesgo con seguros sobre tipos de interés. Si el cliente amortiza anticipadamente, el banco se queda sin la hipoteca pero mantiene la cobertura, y el riesgo. Con todo, el 4% se da por bueno, aunque se queda corto para el sector. Peor se ve la enmienda de Ciudadanos que pide que el coste de amortizar sea cero.

Una vez que el banco entrega al cliente toda la documentación del préstamo, este deberá acudir al notario para que verifique que las condiciones del contrato se ajustan a la legalidad y pueda resolver las dudas que genere el texto. La visita debe ser gratuita aunque no se formalice el préstamo. El proyecto introduce la responsabilidad del notario, lo que por otra parte resulta una garantía para el banco, que es el responsable ante la ley. Una enmienda del PSOE solicita eliminar de la norma la responsabilidad de los notarios, algo que no se incluye en la directiva europea.

«¿Hasta qué punto tiene sentido que la norma española vaya más allá de la europea?», se plantean en el sector financiero. «No entendemos el malestar de la banca en una ley hecha a su medida», afirma Fernando Herrero, de la asociación de usuarios Adicae. «Se trata de un ataque a los consumidores y los hipotecados y de una muestra de sumisión a los intereses de la industria financiera, así como el impulso a propuestas para una verdadera reforma de la legislación hipotecaria que afronte los problemas ante los que los sucesivos parches de Guindos se han mostrado ineficaces y desenfocados», añade.