El presidente de la CEHAT y de Ashotel, Jorge Marichal, ha puesto sus cargos a disposición tras ser condenado por un delito contra la Hacienda Pública, al eludir el pago de 292.948,86 euros a Hacienda en una operación inmobiliaria en la que no se declaró en el Impuesto sobre Sociedades las cantidades por la venta de nueve apartamentos. Así lo ha manifestado en declaraciones a varios medios a raíz de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife haya confirmado la condena de dos años de prisión, multa de 585.896 euros y pérdida de la posibilidad subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años. Marichal ha asegurado que la sentencia no pone en entredicho el proyecto de Canarian Airways porque, según ha afirmado "no se ha pedido ninguna subvención" al Cabildo de Tenerife, que ha solicitado su participación en el capital de la línea aérea.

Según recoge la sentencia, publicada hoy en 'El Día' y 'La Provincia', Jorge Marichal también tiene que indemnizar a la Agencia Tributaria con 292.948 euros más intereses de demora en concepto de responsabilidad civil. El fallo, fechado el 28 de mayo de 2020, ratifica en su totalidad la sentencia del Juzgado de lo Penal n8 de Santa Cruz de Tenerife.

Jorge Marichal ha afirmado que se muestra "afectado" por esta sentencia, que se da por un "tema técnico" que obedece a un tratamiento que le dieron sus asesores fiscales a la citada operación inmobiliaria, y recuerda que está pendiente de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Marichal ha aclarado, además, que ya ha hecho frente tanto a la responsabilidad civil como a las multas que le han impuesto, así como a los intereses.

El fallo ratifica en su totalidad la sentencia del juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife, que el 10 de julio de 2019 condenó a Jorge Marichal, quien desde ese año preside el Consejo de Turismo de la CEOE. Marichal llegó a la dirección de la patronal hotelera nacional en diciembre de 2019, cinco meses después de haber sido condenado en primera instancia. El empresario ha recurrido el fallo de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el recurso de amparo no suspende la ejecución de la sentencia .Marichal dio el salto a la patronal nacional desde la presidencia de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, el lobi de los empresarios del sector turístico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cargo que sigue ostentando y que compagina con el de presidente de la patronal hotelera de España.

Operación inmobiliaria

El caso por el que ha sido condenado se inició en noviembre de 2012 con una investigación a raíz de una operación inmobiliaria entre las empresas Marmon Atlantis y Clínica San Eugenio, informa M. A. Montero. La sociedad limitada Marmon Atlantis, constituida en 2005 por Marichal y un socio con el que compartía el órgano de administración de la entidad como administradores mancomunados, compra ese mismo año un local comercial en Tenerife por 300.506 euros que, tras unas obras, se divide en nueve apartamentos y dos locales comerciales. En 2009, Marmon Atlantis vende los apartamentos por 1,49 millones a Clínica San Eugenio, de la que es socio mayoritario Agustín Marichal, constructor, hotelero y hasta agosto del año pasado presidente del PSOE de Arona, uno de los principales ayuntamientos turísticos de Canarias, cuya gestión urbanística está manchada por cruces de denuncias sobre corrupción. Agustín Marichal es el padre de Jorge. Ambos son socios de Clínica San Eugenio, por lo que la compraventa se cerró entre empresas vinculadas.

Tras un primer pago de 200.000 euros, la entidad compradora tenía que abonar otros 1,37 millones en los siguientes seis meses para así liquidar la operación. Pero la deuda nunca se saldó. Clínica San Eugenio no paga y Marmon Atlantis nunca tributa en el Impuesto sobre Sociedades por los beneficios obtenidos en la compraventa, en torno a un millón de euros. Marichal y su socio, como administradores mancomunados de Marmon (a la que se declara como responsable civil subsidiaria), tenían que haber ingresado en 2009 a la Hacienda pública por el Impuesto sobre Sociedades 293.000 euros, que es la suma defraudada a Hacienda. Marmon Atlantis no depositó sus cuentas anuales, ni sus administradores presentaron la declaración del Impuesto sobre Sociedades, entre 2006 y 2010. Marichal y su socio ni siquiera llevaron adecuadamente la contabilidad de la empresa, que no tenía trabajadores. La sociedad fue así el vehículo para canalizar la compraventa de los apartamentos sin tributar por la operación, según se considera probado en la sentencia.