El conflicto de los estibadores puede solucionarse con un acuerdo y sin llegar a la huelga, convocada para finales de este mes. Es lo que opina buena parte del sector, tanto sindicatos como empresas, pese a que hasta ahora la dureza de la posición del Gobierno parece imposibilitar un acuerdo rápido. La reunión de ayer terminó sin pacto y con nueva convocatoria para el próximo martes, a la espera de una contrapropuesta de Fomento que minimice el impacto de la desregulación.

Buena parte de las empresas estibadoras reconocen que la sentencia europea que insta a la liberalización del sector puede aplicarse sin tener que recurrir a un decreto que lleve a recortar los salarios el 60%, como contemplaban las primeras propuestas. Sin embargo, la exigencia sindical de mantener un registro de trabajadores parece convertirse en el principal obstáculo.

Fuentes de la Coordinadora, uno de los protagonistas sindicales de la negociación (junto a CCOO, UGT y CGT), aseguraron que ya son 18 las empresas estibadoras, algunas de las mayores que operan en España, las que han firmado acuerdos con los trabajadores para dar respuesta a los requerimientos europeos, a la vez que contemplan el mantenimiento de las plantillas.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, se comprometió a valorar las propuestas y reelaborar el marco regulador. El martes seguirá la negociación iniciada. En cualquier caso, Gómez-Pomar advirtió de que los sindicatos «pivotan siempre en torno a la idea de crear un registro de trabajadores portuarios», cuando la UE establece que eso «no es posible».

Sin embargo, los sindicatos ven en la urgencia del Gobierno de Rajoy de aplicar una desregulación del sector el encubrimiento, desde su punto de vista, de una operación de despido colectivo, que amenazaría a 6.000 trabajadores.