Los 54 centros productivos afectados por el protocolo de Kioto en Aragón están expectantes ante el reparto de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) que determinará la cantidad que corresponde a cada instalación. Aunque es pronto para saber como afectará el plan de asignaciones, las compañías consultadas coincidieron en señalar la necesidad de que se tenga en cuenta las mejoras medioambientales acometidas por las compañías en los últimos años.

Las centrales eléctricas destacan como las grandes perjudicadas en el Plan Nacional de Asignaciones. Así, de cara a que la aplicación del programa no suponga un impacto negativo en Aragón, desde Endesa se abogó porque a los grupos de generación eléctrica con carbón (Andorra, Escucha y Escatrón) se les asigne unos derechos de emisión por un volumen igual a su media entre el 2000 y el 2002, "dada la relevancia que tienen en el empleo y en la economía de la comunidad".

La eléctrica también recordó los importantes procesos de reconversión tecnológica realizados por estas centrales en los últimos años, de cara a hacer posible el alargamiento de su vida útil. "Por todo ello, no se puede aceptar una reducción de los volúmenes de asignación para estas plantas, dado su perfecto estado de operatividad tecnológica y medioambiental", añadieron.

Además, el responsable de I+D de Saica, Antonio Pérez, manifestó la desventaja en la que se van a encontrar aquellas empresas que han realizado acciones tempranas --frente a las que no las han hecho--, en el caso de que el plan de asignaciones no las tenga en cuenta. "La mayoría de las papeleras utiliza ya el gas natural, lo que ha supuesto un importante ahorro energético. Saica ha invertido mucho en mejoras medioambientales en los últimos años. Sin embargo, realizados estos cambios, las posibilidades de reducir más los gases contaminantes son pequeñas".

Desde la planta zaragozana de Saint Gobain Vicasa --otra de las instalaciones incluidas en el plan--, se recordó que las empresas llevan mucho tiempo adecuando sus instalaciones para optimizar sus consumos de combustible. "Es necesario que se valoren estos esfuerzos. Además, no se puede olvidar que cada factoría tiene unas necesidades mínimas de energía para sacar la producción, debajo de las cuáles, poco se puede hacer. Una asignación menor de derechos puede mermar la competitividad de las empresas, ya sea porque tengan que comprar derechos, lo que supone más gasto, o porque se vean obligadas a reducir la producción", añadieron.

Por su parte, el responsable de la planta de Gres Andorra, Ignacio Vicent, recordó que el sector cerámico apenas tiene "margen de maniobra" para reducir las emisiones. "En su día ya cambiamos el carburante de los hornos, pero no podemos hacer mucho más. En estos momentos no hay filtros en el mercado que permitan reducir más las emisiones", explicó Vicent. "El sector no pasa por su mejor momento. Hemos visto como cerraban o suspendían pagos empresas. Si además hay que comprar derechos, el futuro del sector puede verse afectado", añadió.

También se refirieron al impacto que puede tener una asignación menor de emisiones sobre el empleo y el tejido industrial. "Un recorte de derechos comprometería la viabilidad técnica y económica de las instalaciones, con el consiguiente riesgo de desaparición de más de 2.800 puestos de trabajo, así como la pérdida de 203 millones de euros anuales de valor añadido bruto", apuntaron desde Endesa, refiriéndose a su central de Andorra. La eléctrica también recordó que la medida podría provocar incrementos en la tarifa de la luz, "lo que supondría una pérdida de competitividad en la industria de Aragón, fomentando el riesgo de deslocalización industrial" hacia países con más derechos.