El Congreso de los Diputados creará una comisión de investigación sobre el dinero público invertido en el rescate bancario si, tal como se anunció ayer, el grupo socialista apoya las iniciativas de Ciudadanos y de Unidos Podemos para fiscalizar en el Congreso de los Diputados las responsabilidades políticas que llevaron a la quiebra la mitad del sistema financiero español representado en las cajas de ahorros.
Fuentes del grupo socialista confirmaron que respaldarán crear la citada comisión de investigación ya que, según recuerdan, el PSOE fue el primero en haberlo pedido en la pasada legislatura. En el 2012 el PSOE ya solicitó sin éxito una investigación parlamentaria sobre el rescate europeo. También en la pasada legislatura, y con la misma suerte, el PSOE defendió crear una comisión específica sobre Bankia. Las fuentes socialistas consultadas estarían ahora dispuestas a extender la investigación a todo el proceso de reestructuración financiera, desde la primera intervención pública (para el rescate de Caja Castilla La Mancha), incluida la salida a bolsa de Bankia (ambos procesos corresponden a la última legislatura socialista).
Unidos Podemos ya tiene registrada una comisión de investigación sobre el rescate bancario. Su creación deberá votarse en el Pleno del Congreso cuando la Junta de Portavoces lo decida.
ARCAS PÚBLICAS
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció que también pedirá una investigación parlamentaria sobre el rescate financiero, cuyo coste para las arcas públicas ya alcanza los 60.718 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas. Rivera ha pedido al PP y al PSOE (a cuyos partidos pertenecían la mayoría de los dirigentes de cajas de ahorros defenestrados) que no impidan la creación de esta comisión de investigación.
Según el dirigente de C’s, cuando en «un país serio y democrático se produce un agujero de 60.00 millones, con la amenaza de que sean 90.000 millones, según el Tribunal de Cuentas», es necesaria una comisión de investigación que permitan extraer conclusiones para que «nunca más vuelva a suceder».
En su informe, el Tribunal de Cuentas apuntó que «en líneas generales» el FROB, los fondos de garantía de depósitos y el Banco de España «han cumplido adecuadamente la normativa», si bien ha observado «una serie de insuficiencias y deficiencias», como haber creado una línea de crédito por 3.000 millones, que nunca se utilizó y que sin embargo en sus dos años tuvo un coste de 33 millones para los contribuyentes.
