El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó ayer un plan de carreteras con el que se pretende invertir 5.000 millones de euros en el plazo de cuatro años (2017-2021) en la construcción o mejora de 2.000 kilómetros de autovías a partir de una financiación que será adelantada por las empresas. Una vez terminadas las obras, el Estado devolverá a las empresas el dinero invertido en un plazo de 30 años, periodo durante el cual deberán asumir la conservación y mantenimiento de las vías adjudicadas.
Según los cálculos el Gobierno, este pago anual supondrá unos 350 millones de euros al año. Esta cantidad relativamente menor para el Presupuesto del Estado permitirá minimizar el impacto del plan sobre el déficit público y diferirlo en el tiempo: los pagos empezarán cuando acaben las obras y se prolongarán a lo largo de 30 ejercicios.
«Ahora ya estamos a la cabeza de la UE en crecimiento y a punto de superar el Procedimiento de Déficit Excesivo. Estamos preparados para dar un impulso a un sector que aún no se ha sumado a la recuperación y la creación de empleo», valoró Rajoy en La Moncloa en un acto de presentación del Plan de Inversión Extraordinaria en Carreteras, al que habían sido convocados empresarios del sector.
RETORNO FISCAL / Según las cifras aportadas por Rajoy, este plan generará alrededor de 150.000 empleos directos e indirectos durante la fase de inversión (los primeros cuatro años) y otros 32.000 en la de conservación (30 años siguientes). Además, según el presidente, esta inversión de 5.000 millones tendrá un retorno fiscal para las arcas públicas de unos 3.000 millones en forma de mayores ingresos por pago de impuestos.
El Gobierno pretende que los proyectos del plan puedan ser financiados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y englobados dentro del llamado Plan Juncker europeo. «Las autoridades europeas han recibido la solicitud con mucho interés», avanzó Rajoy.
«Llevamos muchos años, prácticamente una década, con una reducción brutal de la inversión presupuestaria en obra pública para lograr cumplir los objetivos de déficit. Y ahora se nos presenta un plan extraordinario de inversión en carreteras», valoró en un comunicado el presidente de la asociación de constructores ANCI, Jaime Lamo de Espinosa, presente en el acto. Del mismo modo, el presidente de la asociación Seopan, Julián Núñez, destacó que la iniciativa del Gobierno «supone el inicio de la recuperación de un sector vital para la modernización y desarrollo económico, como es el de las infraestructuras públicas».
El Gobierno determinará después del verano el paquete de obras concretas que se acometerán a través de este plan. En todo caso, según avanzó Rajoy, serán obras para «completar y mejorar la red actual» de autovías, para su conservación, para «reducir cuellos de botellas existentes» y para adaptar las vías españolas a parámetros más exigentes de seguridad, medioambientales y de minoración del ruido.
El mecanismo de colaboración pública y privada sobre el que se ha diseñado el plan se conoce como «pago por disponibilidad» y es muy utilizado en Europa.
La clave de este sistema reside en que las empresas adjudicatarias asumen el mantenimiento de las infraestructuras, lo que, según el presidente, supone una transferencia de riesgos «prácticamente total» hacia las empresas concesionarias, a través de un pliego de condiciones «muy elaborado» para que los posibles sobrecostes corran a cargo del sector privado. En este sentido, los técnicos de Fomento han buscado evitar cualquier episodio futuro que pudiera reproducir el problema que actualmente encara el Estado con las autopistas radiales quebradas.
