El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha defendido este jueves que cobró por sus servicios como conferenciante de forma legal, al igual que "muchas otras personas", ya que desde el 2002 es "plenamente legítimo facturar a través de empresas".

En declaraciones a los medios, el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dicho que estas pesquisas son un "claro caso de discriminación" en tanto que "otras personas con biografías similares y con responsabilidades similares o superiores" a las suyas no se les ha atribuido delito fiscal alguno.

Según la Guardia Civil, entre el 2007 y el 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) 1,7 millones de euros. El año de mayor volumen fue el 2008, meses después de su salida del FMI.

En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al exministro responsabilidades por el ejercicio 2012, año en el que se habrían defraudado, a falta de cifras definitivas, al menos 672.329 euros. Esta cuantía "superaría los 120.000 euros" establecidos por el Código Penal como delito, y no podría considerarse prescrita.

Rato ha lamentado que, en el marco de la causa que investiga el origen de su patrimonio, la Oficina Antifraude dependiente de Hacienda (ONIF), haya presentado hasta once informes, ninguno definitivo, en los que le atribuía inicialmente una deuda tributaria por movimientos de divisas superior a ocho millones de euros. Una acusación que ha calificado de "falsa" ya que, según él, se ha puesto de manifiesto que "esa cifra ha quedado reducida a cero".

En noviembre del 2015, siete meses después de la detención del exministro, el Instituto Armado solicitó al juez que se investigara la relación con BCC dado el "complejo entramado empresarial" a través del cual Rato hacía circular fondos provenientes de actividades profesionales. Entre las operaciones que proponía analizar se encontraban las conferencias. Para gestionar esta actividad, proseguía el el sumario, Rato contrató los servicios de BCC, sociedad administrada por los también investigados Pedro Díez y Francisca Buján.