El ex vicepresidente económico en la etapa de gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, ha reiterado su inocencia y ha afirmado sentirse "completamente indefenso" "ante la omnipotencia e impunidad constante de determinadas instituciones del sistema de Justicia", tras conocerse que la Fiscalía pide 83 años de prisión para él por un total de 15 delitos. "No debería ser este el momento procesal para plantear una nueva causa, ante la endeblez de la efectivamente realizada, amparándose en la impunidad del papel institucional que nuestro ordenamiento jurídico otorga a los fiscales", señala Rato en un comunicado remitido a Europa Press.

"Ante la omnipotencia e impunidad constante de determinadas instituciones de nuestro sistema de Justicia, no puedo sino sentirme completamente indefenso. Reitero mi inocencia de los delitos que se me atribuyen, retirando los argumentos y pruebas que durante 6 años he planteado. Me remito a mi escrito de defensa que presentaré ante el juez en su fecha", afirma el expresidente de Bankia. Para el ex director generente del FMI, "resulta increíble que una institución pública de la Justicia española utilice estos modos para atacar y dañar la imagen y el honor de una persona".

"Antes de dar a conocer el escrito de acusación y por lo tanto darme capacidad de defensa, la Fiscalía Anticorrupción divulga sus argumentos en una nota de prensa, algo especialmente excluido en un procedimiento sumario", indica el exministro de Economía. En este sentido, recuerda que en su discurso con motivo del año judicial de 2020, la Fiscal General hizo alusión a un inminente Código de Buenas Prácticas que Rato espera contenga reglas "respecto a la divulgación selectiva y filtración interesada". "Divulgar notas de prensa en lugar de la totalidad de los escritos no protege ningún bien público ni derechos, sino todo lo contrario", lamenta.

En cuanto al fondo de la acusación de la Fiscalía, según Rato, recoge principalmente hechos y supuestos delitos que no han sido objeto de la instrucción, "yendo contra el propio criterio del instructor, único director del proceso, que ya ha decidido qué hechos habrían quedado indiciariamente acreditados" en una instrucción que ha contado con 12 millones de documentos requisados, 6 años de duración y 16 informes de la Onif, con los prórrogas de 36 meses, solicitadas por la fiscal, "durante las cuales no se practicó ninguna diligencia".