El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, desveló ayer que fueron los propios competidores de la entidad quienes, en una cena el 8 de abril del 2012 auspiciada por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, plantearon la necesidad de un saneamiento adicional de 15.000 millones de euros en el banco con ánimo de aplastarlo. También ha desvelado que fue convocado por el ministro a dos reuniones posteriores, el 4 y el 5 de mayo de ese año, en las que volvieron a aparecer los presidentes de BBVA, Santander y La Caixa «como testigos» y que el primero en pedir su dimisión del cargo de presidente de Bankia fue el propio Francisco González (BBVA); «unos minutos más tarde, el ministro (Guindos) dijo que él era de esa misma opinión», añadió.
En su tercer día de declaración en el juicio oral en la Audiencia Nacional por la presunta salida a bolsa fraudulenta de Bankia en julio del 2011, (después de las sesiones del 8 y el 9 de enero pasados) Rato relató así algunos de los acontecimientos previos a su definitiva salida de la presidencia de la entidad. El también exvicepresidente del Gobierno, actualmente en prisión por el caso de las tarjetas black, se esforzó en su testimonio por vincular su salida de la entidad y su posterior rescate con «razones políticas» del ministro De Guindos que -según su relato- no tenían nada que ver con los fundamentos económicos de la entidad.
EL RELATO
La petición de su dimisión se produjo «en el despacho circular que está frente al despacho del ministro» el 5 de mayo, precisó Rato para dar muestras de veracidad a su relato. Allí estaban el ministro De Guindos (actual vicepresidente del Banco Central Europeo, BCE) y los tres principales banqueros en ese momento, Emilio Botín (Banco Santander), Francisco González (BBVA) e Isidro Fainé (CaixaBank). «El presidente del BBVA me dijo que habiendo sido yo ministro no era buena idea que presidiera una entidad. Luego, viendo cómo se estaban produciendo los acontecimientos, pedí cita con el presidente del Gobierno (Mariano Rajoy) y me dijo que estaba de acuerdo con lo que me había pedido el ministro», relató.
Después de eso, «estuve de acuerdo con lo que me había pedido el ministro, ya que pensé en el interés de los accionistas. Si yo era un problema no tenía inconveniente en marcharme», añadió. Rato indicó que De Guindos le pidió que se fuera «inmediatamente sin esperar ningún plazo». «Así lo hice, lo comuniqué en un correo interno a la plantilla antes de comer el día 7 y por la tarde lo anunciamos Goirigolzarri (que pasó a presidir la entidad) y yo a la opinión pública», precisó.
Rodrigo Rato es el primero de los 34 acusados en declarar en este juicio sobre la presunta salida fraudulenta de Bankia a bolsa. El también exministro de Economía de José María Aznar se enfrenta a una petición de pena de cinco años y medio de prisión por parte de la Fiscalía, acusado de estafa a los inversores.
Como viene haciendo desde hace años, la principal línea de defensa de Rato en la vista oral se volvió a centrar ayer en defender su cumplimiento de los requerimientos regulatorios del Ministerio de Economía (real decreto 2/2012 del ministro Luis de Guindos) y del Banco de España para sanear la entidad, atribuyendo a «razones políticas» del ministro de Economía y al interés de sus competidores las actuaciones que llevaron a su salida de Bankia y al posterior rescate de la entidad, por la desconfianza generada en los mercados financieros hacia la antigua caja de ahorros. Al mes siguiente, en junio, el Gobierno tuvo que pedir asistencia financiera a la Unión Europea para el rescate del sector financiero español.
El expresidente de Bankia defendió la veracidad de las cuentas del 2011, que fueron aprobadas por el consejo de administración que él presidía con un beneficio de 307 millones sin el informe de la auditora Deloitte. Esas cuentas fueron reformuladas luego por su sustituto en el cargo, José Ignacio Goirigolzarri, de modo que el beneficio inicial de 307 millones pasó a ser una pérdida de 2.977 millones de euros. Rato explicó que esta última cifra fue el resultado de aplicar con efecto retroactivo, al 2011, las nuevas provisiones exigidas por el decreto Guindos de febrero del 2012, una práctica que, desde su punto de vista, no tiene ninguna base legal
EL PAPEL DEL AUDITOR
«En mi conciencia no había ninguna sensación de que tuviéramos un problema de salvedades, nadie me lo había transmitido», dijo Rato en relación al retraso de la consultora Deloitte en emitir su auditoría sobre las cuentas. Según el expresidente, el consejo de administración de la entidad tenía la certeza de que el retraso en el informe se debía a la conveniencia de esperar al visto bueno del Banco de España sobre los planes de saneamiento diseñados por la entidad para cumplir con los requerimientos del decreto Guindos de febrero del 2012. El visto bueno del gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, llegó el 12 de abril pero el informe de Deloitte seguía sin llegar.
Rato desveló ayer que fue el propio socio auditor Francisco Celma quien le advirtió de que Guindos preparaba un segundo decreto y que por eso seguían sin emitir su opinión sobre las cuentas del 2011 que definitivamente fueron aprobadas por sin el preceptivo informe.
