El envejecimiento de la sociedad es una preocupación de primera magnitud en todos los países desarrollados con fuertes sistemas de protección social (pensiones, sanidad y dependencia, sobre todo). Por eso, la Comisión Europea exige a todos los estados miembros reformas que permitan frenar la explosión del gasto social ligado al envejecimiento con una perspectiva de medio y largo plazo, pensando en el 2060, cuando los supervivientes del baby boom alcancen la senectud.
Según el Plan de Estabilidad 2014-2017 que el Gobierno español remitió el miércoles a la Comisión Europea, el conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno del PP en el 2013 no solo logrará frenar el gasto social ligado al envejecimiento. Además, lo exprimirán hasta el punto de que su peso en el PIB adelgazará desde el 10,1% en el 2010, hasta el 9,7% en el 2060 pese a que, entonces, la población de más de 64 años se duplicará respecto a la del 2010.
Según los planes de estabilidad remitidos por el Gobierno de Mariano Rajoy este año y el pasado, sin las reformas, el gasto en pensiones habría pasado del 10,1% del PIB en el 2010 al 16,7% en el 2060. Tras todas las medidas adoptadas en el 2013, el gasto frenará en seco hasta limitarse al 9,1% del PIB dentro de 46 años. El ahorro estimado a largo plazo, pues, supera los 7 puntos de PIB (unos 70.000 millones anuales, en euros del 2014). El gasto en sanidad ligado al envejecimiento, sin embargo, aumenta su peso en 1,3 puntos de PIB. El de cuidados de larga duración sube en 0,7 puntos entre el 2010 y el 2060.
NEGACIÓN DEL RECORTE Los datos del Programa de Estabilidad 2014-2017 ponen en evidencia el recorte que se irá produciendo en los próximos años a pesar de que el Gobierno no lo reconoce como tal. "La propuesta no recorta el gasto. Ahorrar no es recortar, es canalizar el gasto y asegurar que ese gasto creciente se acompase a las necesidades reales que va a tener la sociedad española y el sistema económico", argumentaba el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en septiembre pasado para defender la regulación del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones propuestos por el Gobierno. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, sigue defendiendo que "las pensiones ganarán poder adquisitivo a medio y largo plazo con toda claridad" a pesar de que ya no estarán vinculadas a la evolución del índice de precios de consumo (IPC).
En marzo del 2013, el Gobierno adoptó un decreto para retrasar el acceso a la jubilación anticipada. En ese decreto se dictaron las líneas maestras del nuevo factor de sostenibilidad para vincular la prestaciones del sistema a la evolución de la esperanza de vida. En diciembre del año pasado, además, se cambió el sistema de actualización de las pensiones en función del IPC por un nuevo índice de revalorización de pensiones (IRP) que fijará el Gobierno cada año y que se moverá entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC más 0,50 puntos, según los ingresos del sistema.
El año pasado, en la memoria económica del anteproyecto de Ley para la regulación del Factor de Sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de la Seguridad Social, el Gobierno cifró los ahorros de estas dos medidas en 33.000 millones hasta el 2022. Ahora, el programa de estabilidad proyecta estos ahorros hasta el 2060. Si el Programa de Estabilidad del 2013 ya cifraba en algo más de 3 puntos de PIB los ahorros vinculados a la introducción del factor de sostenibilidad que aún no había sido ultimado, el Programa de Estabilidad del 2014 (remitido el miércoles a Bruselas) añade otros 4 puntos de PIB de ahorro adicional a largo plazo vinculado a medidas adoptadas "exclusivamente" en el 2013.
En el 2011, el Gobierno de Zapatero, ya alargó a los 67 años la edad legal de jubilación; amplió a 38,5 años la carrera de cotización para acceder al 100% de la prestación y fijó un plazo de 25 años para estimar la base reguladora de la pensión (frente a los 15 años previos a la reforma).
Al tiempo que el actual Programa de Estabilidad dibuja los ahorros vinculados a las reformas en el sistema público de pensiones, el Plan Nacional de Reformas 2014 vuelve a incorporar el compromiso del Gobierno de adoptar una nueva regulación de los planes y fondos privados de pensiones para fomentar su desarrollo e introducir un mayor grado de competencia. El inicio de esta reforma lleva un gran retraso pues el Gobierno se obligó por ley a presentar un informe al Congreso de los Diputados para esta reforma antes de junio pasado.
