Ni más ni menos que 11 meses después de anunciarlo y varias demandas contra España añadidas por parte de fondos e inversores internacionales, el Gobierno consumó ayer el recorte de unos 1.700 millones en la remuneración a las instalaciones de energías renovables, de cogeneración y residuos ¿El efecto? Por ejemplo, en el sector eólico, todos los parques anteriores al 2005, que son el 37% del total, dejarán de percibir incentivos.

La nueva regulación elimina el sistema de primas a la producción y lo cambia por una remuneración "razonable" a la inversión. El rendimiento se ha fijado en un máximo del 7,4% para cada tipo de instalación durante toda la vida útil. Una vez que se alcance la media se dejará de percibir el incentivo. Entrará en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de julio.

Ese el uno de los puntos que más indignación ha generado a estas industrias, junto con el descenso en los ingresos. En cuanto se publique este real último decreto en el BOE, ya serán firmes tres de las normas que más afectan a la eólica en la reforma energética, con el Real Decreto-Ley 9/2013 y la ley del sector eléctrico 24/2013. Solo faltará la de menor rango pero más trascendental: la orden ministerial que fijará los parámetros en los que se basará la retribución y que está pendiente del informe del Consejo de Estado, según la patronal eólica AEE.

La patronal fotovoltaica, agrupada en Unef, además de considerar "arbitraria" la normativa, advierte de que "el 30% de los proyectos fotovoltaicos sufrirá recortes de en torno al 40% de los ingresos previstos". Y eso, impedirá pagar la deuda a los bancos, "a menos que se realicen quitas de en torno al 20%".

La banca tiene una considerable exposición al sector renovable. Se calcula que son unos 20.000 millones en el sector solar, que son en su mayoría pequeños inversores que financiaron con deuda el 80% de los proyectos. La cifra es similar en el sector eólico, pero a través de project finance (se sustentan en la capacidad del propio proyecto de generar caja gracias a una regulación y un marco legal para la devolución de los préstamo).

José Donoso, director general de Unef, afirmó que el real decreto genera una "inseguridad jurídica" con la que "convencer a los inversores de que acudan a este sector o solo lo harán con una prima de riesgo que perjudicará la competitividad de la tecnología". El director general de la AEE, Luis Polo, afirmó que el nuevo real decreto es "incomprensible y profundamente injusto", ya que "discrimina a la eólica y la sitúa en una posición insostenible".

El ministro de Industria, José Manuel Soria aseguró que sin estos cambios se "hubiese ido directo a una quiebra del sistema". Según los cálculos del ministerio, las instalaciones renovables percibirán hasta el final de su vida útil unos 140.000 millones adicionales a los que se obtengan por la venta de la energía en el mercado.

El sector de las energías renovables percibió de 1998 al 2013 un total de 56.000 millones en primas, a unos 3.700 millones por año. Las ayudas se dispararon, explicó Soria, desde el 2005 y en el 2013 superaron los 9.000 millones en un año. Con todo ello, el déficit de la tarifa eléctrica, en el que se incluyen otros con conceptos, sumó 30.000 millones.