La nueva ley ferroviaria prevé una reestructuración de las áreas de negocio de Renfe. Por un lado, crea un organismo denominado ADIF que aglutina al actual Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y la división de obras de Renfe y deja, por otra parte, a Renfe operadora como gestor del material rodante.

Además, incorpora las tres Directivas de la Unión Europea que componen el llamado paquete ferroviario que, a partir del 15 de marzo, permiten el acceso de las líneas que forman parte de la red transeuropea a todos los transportes internacionales de mercancías realizados por empresas de la UE.