El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consiguió el 20 de diciembre en el Congreso su victoria más sonada: la aprobación de una reforma fiscal que ha puesto en guardia a la UE por las consecuencias distorsionadoras que pueden tener las nuevas medidas en relación al comercio internacional, la inversión y la doble imposición. Hasta cinco ministros europeos, entre ellos el español Cristóbal Montoro, alertaron hace semanas por carta al secretario del Tesoro estadounidense, Steven Turner Mnuchin, de que el entonces proyecto de reforma podía tener «un importante impacto distorsionador». También la Comisión Europea remitió una misiva firmada por los vicepresidentes Valdis Dombrovskis y Jyrki Katainen y los comisarios de asuntos económicos, Pierre Moscovici, y Comercio, Cecilia Malmström, mostrando su malestar por los planes de la Administración de Trump.

Dos son los elementos de la reforma que preocupan especialmente. Para empezar, la medida destinada a limitar la erosión de las bases imponibles, que según Bruselas puede hacer que las empresas extranjeras -principalmente, las del sector de los servicios financieros- paguen impuestos dos veces.

Ese temor también fue expresado en la carta remitida el 11 de diciembre por los cinco grandes países de la UE que alertaron del «potencial extremadamente dañino» para la banca internacional y las aseguradoras, porque las transacciones financieras de los grupos transfronterizos sería tratadas como no deducibles y estarían sujetas a un impuesto del 10%.

El segundo problema de la reforma es la deducción que se aplicará a los beneficios intangibles derivados en el extranjero, porque dará un trato preferencial a la propiedad intelectual más amplio que el que conceden otros regímenes internacionales, incluso a aquella propiedad que ha sido generada fuera de EEUU.