Diez años después de quedar bajo la tutela de los hombres de negro, la Comisión Europea sacó ayer oficialmente a la economía española del llamado brazo corrector del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) y la ha devuelto al «brazo preventivo». Eso no significa mayores alegrías para las finanzas públicas. Más bien lo contrario. La necesidad de ajuste es mayor. Pero la vigilancia de Bruselas es más flexible, gracias a los «márgenes de tolerancia» del procedimiento.

La principal diferencia entre el brazo correctivo y el preventivo del PEC es que el objetivo ya no es situar el déficit público por debajo del 3% del producto interior bruto (PIB). Eso ya se consiguió en el 2018 (2,5%).

A partir de ahora la CE pasa a vigilar el déficit estructural, que es la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta el ciclo económico. En el 2018, el déficit nominal pasó del 3,1% del PIB en el 2017 al 2,5%. Bajó seis décimas (7.531 millones menos), pero no fue por la adopción de medidas para subir impuestos o bajar gastos (al contrario), sino porque el ciclo de crecimiento de la economía (del 2,6%) y del empleo (del 2,9%) permitieron mayores ingresos y un ahorro en desempleo. También ayudaron los bajos tipos de interés.

Nada de esto servirá a partir de ahora para Bruselas. La CE impone que el déficit estructural baje el 0,65% del PIB este año y otro tanto el 2020 (unos 8.200 millones cada año). Pero a partir de ahora solo dará por bueno el cumplimiento de ese objetivo si es a base de medidas para subir la recaudación de impuestos o para reducir el gasto. Puede que España tenga que estrenar los «márgenes de tolerancia» previstos ya en el 2019 pues difícilmente se va a cumplir este año con el ajuste exigido.

El fin es que cuando la economía crezca según su velocidad de crucero (el Gobierno cifra en el 1,8% el crecimiento potencial) haya equilibrio presupuestario (en el 2022, según Economía) y que solo pueda haber déficit si la tasa del PIB es menor.

Además, el brazo preventivo conlleva otras dos condiciones cuyo incumplimiento puede abrir la puerta a una sanción de hasta el 0,2% del PIB (2.510 millones). Hay que cumplir unos determinados objetivos de reducción progresiva de la deuda pública (0,60 puntos de PIB menos en el 2020) hasta el 60% de PIB, y el gasto primario no debe subir más del 0,9% en el 2020.

No obstante, algunos indicadores revelan que España no ha salido del bache. El número de hogares en riesgo de pobreza pasó del 23,8%, en el 2008, al 26,6% del 2017; la desigualdad creció en el mismo periodo; y los españoles perdieron 7,1 puntos de poder adquisitivo. En todo ello no fue indiferente la política de gasto de los Gobiernos.

«La UE y España cometieron un error al reducir la inversión tras estallar la crisis. Es como si un piloto de avión, cuando se le funde un motor -gasto privado- reacciona bajando una marcha al otro -gasto público-», explica el catedrático de economía Antón Costas. «Se recortó el gasto público en protección social precisamente cuando más necesario era», coincidió el economista Raymond Torres.