La pobreza no es un mal inevitable de la crisis. No ocurre por accidente, sino que es el resultado de una estrategia de los poderes políticos y económicos, advierte la oenegé Oxfam Intermón, que refrenda con datos un sentimiento mayoritario entre la sociedad. En España, ocho de cada 10 personas opinan que las leyes están hechas para los ricos, y según la oenegé esta afirmación no solo es cierta, sino que la crisis ha servido de terreno abonado.

Oxfam presentó ayer el informe Gobernar para las élites, como previa al Foro Económico Mundial de Davos, que reunirá a los principales líderes mundiales a partir de mañana. El estudio aporta información a nivel mundial, como que las 85 mayores fortunas del planeta acaparan tanta riqueza como los 3.500 millones de personas que forman la mitad de la población más pobre, y no duda de hablar de "secuestro democrático" por parte de las élites y de "manipulación del sistema" para que las leyes se inclinen a su favor, en perjuicio de los intereses de la mayoría.

El informe sostiene que hay una estrecha relación entre concentración de la riqueza en manos de una minoría y la debilidad de la democracia. La desigualdad económica, añade, "amenaza el progreso de la humanidad hacia sociedades más equitativas, justas y democráticas". El texto dedica un apartado a analizar la situación de España, donde la riqueza de las 20 personas más ricas (77.000 millones de euros), es equivalente a la renta del 20% de los más pobres.

Las medidas contra la austeridad implantadas por los diferentes gobiernos desde el 2010, auspiciados por las autoridades europeas, han suprimido los mecanismos que favorecían un crecimiento más equitativo. Sin estos mecanismos, los ricos son cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más pobres.

España es el segundo país más desigual de Europa, lamenta la oenegé. Esta afirmación sale de calcular el coeficiente de Gini, un indicador que mide la desigualdad en valores de 0 (igualdad perfecta) al 1 (desigualdad absoluta). En España, ese índice subió del 0,34 en el 2011 al 0,35 en el 2012, el valor más alto desde que hay registros.

Ante este panorama, no cabe la resignación. Del mismo modo que la desigualdad se ha acentuado con decisiones políticas, puede reducirse con otras medidas. Por ejemplo, una reforma fiscal que intensifique la lucha contra el fraude y "se centre en las grandes fortunas y empresas", como pidió Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) y uno de los autores del informe.